La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha señalado que, actualmente, existen más de 1,5 millones de personas reconocidas con dependencia, así como 45.360 fallecidos al año sin atención y 310.429 desatendidos. Lo ha puesto de manifiesto este miércoles, con motivo del aniversario de la Ley de Dependencia, que cumple este 14 de diciembre 17 años.
En concreto, ha expuesto que, a fecha de noviembre de 2023, existen 1.563.108 personas en España en situación de dependencia reconocida y otras 124.326 están pendientes de valoración, lo que supone el 3,3% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para las actividades básicas de la vida diaria.
Asimismo, indica que existen 162.411 personas en el «limbo» de la dependencia en diciembre de 2023, que sumadas a las pendientes de
valoración (124.326 expedientes) y aquellas con un PIA (Plan de Atención) aprobado pero que aún no es efectivo (23.692) alcanzan las 310.429 desatendidas.
También asegura que 45.360 personas fallecen cada año en las listas de espera de la dependencia, de las que 19.661 están pendientes de resolución de grado y 25.699 están sin haber podido ejercer sus derechos. Esto, según apunta, supone que 124 personas fallecen al día en las listas de espera de la dependencia (una cada 12 minutos) y, además, explica que el tiempo medio de tramitación de un expediente de la dependencia es de 323 días, aunque en cuatro comunidades agrega que se superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia).
Igualmente, en el informe presentado, la asociación ha incluido el porcentaje de personas atendidas en sus domicilios que no cuentan con
Teleasistencia (60%), «a pesar de que el Plan de Choque marcó el objetivo de establecer este servicio como un derecho subjetivo del que se beneficiará toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio».
Por otro lado, señala que hay un 13,8% de cuidadoras que están de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, cuatro años después de que se recuperase este derecho (76.606 personas) y que se han generado 316.215 empleos directos en España asociados a las atenciones de la Ley de la Dependencia, a los que hay que añadir los empleos en las administraciones públicas en la gestión administrativa de esta Ley.
También denuncia el cambio de ministros a lo largo de los 17 años en los que lleva en vigor la Ley de la Dependencia, lo que, a su juicio, evidencia «la inestabilidad en los órganos de gestión del Sistema», una situación que también se ha producido en la dirección de las consejerías afectadas de las comunidades autónomas.
«DESIGUALDAD TERRITORIAL»
Por comunidades, ha destacado que Cataluña es en la que se encuentran más personas en lista de espera de ser atendidas (27%), seguida de La Rioja (18,9%), País Vasco (17,5%), Canarias (16,9%), Extremadura (15,7%), Murcia (14,7%), Andalucía (11,9%), Baleares (11,1%), Asturias (8,7%), Comunidad Valenciana (7,32%), Comunidad de Madrid (5,4%), Navarra (4,8%), Cantabria (4,7%), Galicia (4,6%), Aragón (4%), Castilla-La Mancha (3,7%) y Castilla y León (0,18%).
Asimismo, ha denunciado una «acusada desigualdad territorial» en cuanto a financiación y ha apuntado que las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.329 euros), Extremadura (1.706 euros) y Navarra (1.701 euros), mientras a la cola continúan Canarias (801 euros) y Galicia (615 euros).
«Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. Y, sin embargo, en el sistema de atención a la dependencia, a pesar de los incrementos presupuestarios, sigue existiendo maltrato institucional debido a la burocracia y a la desidia e impericia de algunos gobiernos de Comunidades Autónomas», lamenta la organización.
En este sentido, ha pedido que se preste atención a esta política «con amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la Ley». Además, han indicado que el «incumplimiento» de las Administraciones Públicas ha convertido «sólidos derechos subjetivos» en «derechos efímeros y de papel».
Por todo ello, la asociación ha argumentado que tanto el Gobierno de España como los Gobiernos Autonómicos «deben acometer reformas que agilicen los trámites».
«Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones», ha añadido.
