Más de 10.400 personas han fallecido o desaparecido en las fronteras españolas en 2024, un promedio de 30 personas al día y convierte a 2024 en el más mortífero. Así se desprende del informe ‘Monitoreo Derecho a la Vida 2024’, de la organización Ca-minando Fronteras en el que realiza un análisis de las rutas migratorias en la Frontera Occidental Euroafricana, que abarca la frontera marítima y terrestre entre España y la franja costera desde el sur de Senegal hasta Argelia.
En este informe se recopilan datos de primera mano sobre las personas muertas y desaparecidas en los cruces fronterizos durante este último año. Las cifras que recoge la investigación señalan que desde enero del 2024 han fallecido 10.457 personas, 30 personas al día, de las cuales 421 fueron mujeres y 1.538 niños, niñas y adolescentes (las cifras que aparecen en el informe se cerraron el día 15 de diciembre). Estos datos hacen que 2024 se haya convertido «en el más mortífero desde que se tienen registros en la organización».
El informe ofrece un análisis de 293 tragedias ocurridas en las diferentes rutas migratorias. Entre estos casos, se realizó un seguimiento especial a 131 embarcaciones que desaparecieron sin dejar rastro.
La ruta Atlántica hacia las Islas Canarias se mantiene como la más letal a nivel mundial (9.757 víctimas). En 2024, se ha observado un notable incremento de salidas desde Mauritania, consolidándose como el principal corredor migratorio hacia las Islas (6.829 víctimas).
Además, se han consolidado rutas especialmente peligrosas, como la ruta Atlántica hacia la isla de El Hierro o la ruta argelina hacia Baleares, consideradas entre las más riesgosas debido a la longitud y a la dificultad de los trayectos.
El aumento de víctimas está directamente relacionado con factores como la omisión del deber de socorro por encima de la protección al derecho a la vida, la prevalencia de políticas de externalización de fronteras que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes, la falta de activación o la tardanza en los operativos de búsqueda y de rescate, incluso cuando se tenía la posición de las embarcaciones, así como la criminalización de las personas en movimiento.
La investigación revela prácticas que afectan directamente al derecho a la vida de las personas en los cruces migratorios. Estas incluyen condiciones de extrema vulnerabilidad que las llevan a embarcarse en viajes altamente peligrosos: el uso de infraembarcaciones, salidas en condiciones meteorológicas adversas, la escasez de agua y alimentos, y materiales de navegación insuficientes.
«Estas cifras evidencian un fracaso profundo de los sistemas de rescate y de protección. Más de 10.400 personas muertas o desaparecidas en un solo año es una tragedia inadmisible. Urgimos a que se priorice la protección del derecho a la vida, se refuercen las operaciones de búsqueda y rescate, y se garantice la justicia para las víctimas y sus familias», ha declarado Helena Maleno, coordinadora de la investigación.
Desde 2007, el Colectivo Ca-minando Fronteras gestiona una línea telefónica de alertas operativa las 24 horas del día, los 365 días del año. A través de este servicio se reciben informaciones y alertas de personas que se encuentran en peligro en las fronteras. Toda esa información se centraliza en el Observatorio de Derechos Humanos, creado en 2014, que alberga una base de datos con las alertas que se reciben de embarcaciones en riesgo en el mar y un registro de personas fallecidas y desaparecidas, construida con la aportación de familiares y comunidades migrantes.
«Desde Ca-minando Fronteras somos conscientes de que las cifras de personas muertas y desaparecidas en la zona de intervención podrían ser mayores. Lo que sí sabemos con certeza es que no son menos que los datos que aportamos en esta investigación. Seguiremos trabajando incansablemente por la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas y de sus familias», ha afirmado Helena Maleno.
