La Audiencia Provincial de Madrid juzgará este lunes a los exconcejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, así como a la exconsejera delegada de Madrid Destino Ana Varela por la presunta comisión de un delito de malversación y prevaricación por encargar dos informes externos sobre el convenio para la celebración del Open de Tenis durante la Alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón.
El procedimiento tiene su origen en una querella interpuesta en el mandato pasado por el Grupo Municipal Popular y la asociación Transparencia y Justicia contra los tres exresponsables municipales por presuntamente encargar «a dedo» y «sin publicidad» a dos equipos de abogados informes externos para investigar y estudiar la gestión y posibles irregularidades del Open de Tenis durante el Gobierno de Gallardón.
La acusación particular que representa al PP solicitó 5 años de cárcel para los acusados y reclama 24 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La Fiscalía de Madrid no ve delito en su actuación, por lo que no acusa. Transparencia y Justicia no formuló tampoco escrito de acusación.
Actualmente, los exediles en el mandato de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid son desde el pasado mes de octubre altos cargos como asesores del Ministerio de Igualdad, con Irene Montero al frente.
CONTRATO EN LA ÉPOCA DE GALLARDÓN
La querella se sustentó en la elaboración de sendos informes encargados Madrid Destino por valor de 50.000 euros cuando los citados concejales estaban en cargos de máxima responsabilidad en la empresa municipal, al plantear que había a su vez otros tres informes de la asesoría jurídica que lo descartaban.
«Los querellados decidieron presentar la denuncia en la Fiscalía con los informes elaborados por los despachos de abogados elegidos por ellos para redactar la misma y que no realizaban un análisis completo de los informes que fundamentaban las decisiones adoptadas por los responsables del Ayuntamiento en la fecha en la que se firmaron los contratos y contra los que presentaban la demanda», recogía el auto de procesamiento.
Tanto Mato como Mayer habían alegaron en su día que el auto de procesamiento vulneraba su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y les causaba «indefensión» porque adolecía de «falta de motivación» y se situaba en el «ámbito de la arbitrariedad».
Sánchez Mato manifestó entonces a Europa Press que el auto de apertura de juicio oral era la «culminación de la persecución del PP» y, por medio de esa asociación, del «excomisario José Manuel Villarejo».
