Amnistía Internacional ha remitido al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, un brazalete con la leyenda ‘Derechos Humanos’ para que los jugadores de la selección lo porten durante los próximos partidos de la fase clasificatoria de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Según informó la organización, la idea es que este brazalete sirva para visibilizar el compromiso de la RFEF con el respeto de los derechos humanos, especialmente con los trabajadores migrantes en Qatar que han trabajado -algunos de ellos murieron en el empeño- en la construcción de los estadios donde se celebrará la Copa del Mundo.
Amnistía también ha solicitado una reunión con el propio Rubiales para analizar la situación en el emirato y transmitirle que “las asociaciones nacionales de fútbol tienen la obligación de cumplir la política de derechos humanos de la FIFA, de la que son miembros”.
Por ello, reclamó a la RFEF que “intensifique sus esfuerzos para prevenir la vulneración de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras migrantes de Qatar”.
De hecho, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, manifestó que “la pelota está en el tejado de la Federación Española: o está en el grupo de cabeza con aquellas selecciones que se muestran sensibles a las cuestiones de derechos humanos, como Alemania, Noruega o Países Bajos, o se sitúa en el furgón de cola, con aquellas federaciones que se ponen de perfil o ponen excusas cuando se trata de defender los derechos de las personas más vulnerables”.
Por otro lado, Amnistía Internacional destacó que “las autoridades qataríes no han investigado las muertes de miles de trabajadores migrantes ocurridas durante el último decenio, a pesar de los indicios que indican la relación entre las muertes prematuras y las condiciones de trabajo inseguras”.
En ese sentido, en su informe ‘En lo mejor de su vida’, la organización documenta cómo Qatar suele expedir certificados de defunción de trabajadores migrantes “sin llevar a cabo investigaciones adecuadas”, atribuyéndolas habitualmente a “causas naturales” o a “insuficiencias cardíacas definidas de manera imprecisa”.
Este proceder impide cobrar una indemnización a las familias de los fallecidos, las cuales afrontan serias dificultades económicas tras perder a su principal sostén económico.
Además de consultar a destacadas personas expertas en el ámbito de la medicina y de analizar los datos del Gobierno relativos a las muertes de miles de personas, Amnistía Internacional examinó 18 certificados de defunción y entrevistó a las familias de seis hombres, todos de edades comprendidas entre los 30 y los 40 años en el momento de morir.
Ante esta situación, invitó a las autoridades qataríes a “reforzar su legislación” para “proteger a los trabajadores frente al calor extremo, estableciendo descansos obligatorios acordes a los riesgos que afrontan”, y a “mejorar” las investigaciones, certificaciones e indemnizaciones relacionadas con las muertes de trabajadores migrantes.
