El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido este martes un decreto en el que ordena que la Fiscalía Anticorrupción asuma el conocido como ‘caso Negreira’, un asunto que hasta ahora estaba en manos de la Fiscalía Provincial de Barcelona, al considerar que se trata de delitos de especial trascendencia, según ha informado el Ministerio Público.
La decisión tiene lugar después de que el pasado viernes la Fiscalía Provincial presentara una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona contra el Fútbol Club Barcelona y sus expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu por presunta corrupción por los 7,3 millones de euros que el club habría pagado al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018. Dicha denuncia se dirige también contra el propio Negreira y los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler.
A partir de ahora será la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada la que asuma la acusación en el ‘caso Negreira’, donde se apunta a posibles delitos de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.
Según consta en la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público considera que los pagos que se efectuaron a Negreira por más de 7,3 millones de euros en 2001 y 2008 suponen «una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General» e incide en que las percepciones recibidas por Negreira «no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno».
PAGOS DEL BARÇA BAJO SOSPECHA
En concreto, en la denuncia se dice que dos empresas de Negreira giraron facturas al Barça «sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real». La Fiscalía apunta que el árbitro facturó al club 2.971.673,01 euros entre 2014 y 2018 .
El escrito añade que las dos cuentas bancarias en las que Negreira recibía los pagos «se nutrían prácticamente en su totalidad de los ingresos procedentes del FCB los cuales eran retirados, en su gran mayoría, mediante cheques al portador» que cobraban terceras personas por encargo del árbitro, a quien entregaban luego el efectivo.
Negreira fue relevado del CTA en mayo de 2018 y entonces el Barça dejó de pagarle, lo que el árbitro recriminó a Bartomeu en un burofax que reproduce el Ministerio Público en su denuncia. «No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta fin de mandato presidencial», señala.
PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN
En el marco de su escrito, la Fiscalía Provincial pide al juzgado que tome declaración en calidad de investigados a Negreira, Rosell, Bartomeu y el resto de denunciados, así como al representante legal del FC Barcelona.
Asimismo, solicita que se realice una investigación patrimonial a Negreira y a su «entorno familiar más próximo» para conocer el destino dado a lo cobrado. Requiere también que recabase de Negreira y del Barça la copia de las facturas acreditativas de las operaciones comerciales mantenidas desde 2011 y 2014.
Hasta el momento, está pendiente que el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona se pronuncie sobre las peticiones efectuadas por el Ministerio Público.
