El Consejo de Ministros ha ejecutado la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar del Supremo, que supuso su ascenso a la máxima categoría del Ministerio Fiscal. El Gobierno cumple así con el fallo emitido el pasado noviembre, en el que los magistrados concluían que se produjo con «desviación de poder» por parte de su sucesor como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Así consta este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge una disposición del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada ayer martes.
En la disposición, el Gobierno anula el real decreto por el que se promovía a Delgado a la máxima categoría y acuerda devolver las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la propuesta del fiscal general para la cobertura de la plaza.
Fue el pasado 21 de noviembre cuando el Supremo estimó en parte el recurso presentado por el que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda y ordenó retrotraer las actuaciones «al momento inmediatamente anterior a la propuesta del fiscal general del Estado al Consejo de Ministros para la cobertura de la plaza» de fiscal de la Sala Togada del Supremo.
Aunque la sentencia no lo decía expresamente, al ordenar rebobinar el proceso de nombramiento se anula el nombramiento de Delgado, si bien no están claros sus efectos prácticos, ya que posteriormente la otrora jefa del Ministerio Público fue designada para otro cargo de la máxima categoría: fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.
Según explicaron entonces fuentes del alto tribunal a Europa Press, la anulación del primer nombramiento suponía también su ascenso a la máxima categoría y, por tanto, impactaba también en su actual cargo. Sin embargo, otras fuentes jurídicas discrepaban, apuntando que dado que esa segunda designación era igualmente de fiscal de sala –rango que equivale a la máxima categoría– sus actuales responsabilidades quedaban indemnes.
En la misma línea, fuentes fiscales aseguraban que esta sentencia no afectaba para nada a su puesto como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. No obstante, cabe recordar que este segundo nombramiento también está recurrido en el alto tribunal.
