El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó este jueves la Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid que persigue “frenar” la ‘Ley Celaá’ para defender «la igualdad de oportunidades, avalar el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, confirmar la pluralidad de la oferta educativa y fomentar la excelencia académica, asegurando la transparencia informativa en todos los procesos».
En la iniciativa aprobada con los votos de PP y Vox se señala que la Administración educativa dotará de los recursos humanos y materiales necesarios, y se impulsará la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Además, se promoverá la implicación de las familias del alumnado, recogiendo estas actuaciones en los documentos de organización para hacer efectiva la comunicación y participación de la familia en la vida de los centros educativos.
La nueva Ley Maestra apostará por el esfuerzo y la excelencia dentro del sistema educativo. Entre otras medidas, se promoverá la realización de pruebas externas que fomenten la calidad. Además, se garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España, e impulsará actuaciones de coordinación con otras comunidades e instituciones públicas y privadas con esta finalidad.
Esta normativa asegurará también la libertad de elección de centro educativo con independencia del barrio de residencia y apostando por la zona única, una de las señas de identidad del sistema educativo madrileño.
Otro de los puntos fundamentales de esta ley será la defensa de la educación concertada.
Del mismo modo, se «regulará la normalización, inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo para los estudiantes con necesidades educativas especiales».
EDUCACION ESPECIAL
Además, la escolarización en Educación Especial se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno. De esta manera, se «garantiza» en la región la continuidad de los centros de Educación Especial.
Además, se garantizan las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social. Este concepto «ha quedado excluido» en la nueva Ley educativa nacional, que «pone en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir este tipo de educación», según el Gobierno regional.
Con la aprobación de esta norma, la Comunidad de Madrid «se dota de la seguridad y la estabilidad necesaria para poder continuar con un modelo de enseñanza basada en la libertad, la calidad y la equidad del sistema educativo».
La diputada del PP Lorena Heras, que defendió esta norma, criticó la ‘Ley Celaá’ y aseguró que esta normativa «surge como respuesta al ataque a la libertad y a la calidad».
El parlamentario de Vox Jaime de Berenger dijo que está «muy contento y muy alegre» por la aprobación de esta normativa y dijo que “no es un asalto a la educación pública, es todo lo contrario”.
LA IZQUIERDA, EN CONTRA
El diputado de Unidas Podemos Agustín Moreno lamentó la «baja calidad legislativa» de esta Ley que se ha hecho por intereses «concretos» del Gobierno regional. «Esta es una ley para confrontar que la utiliza Ayuso por su batalla de conseguir sus objetivos, que se inventa parte de la realidad con la misma. La Lomloe no suprime la educación concertada ni se carga el castellano. Si hay alguna amenaza al castellano es el programa bilingüe», aseguró.
La diputada del PSOE Marta Bernardo sostuvo que «no es un buen día para la educación, para los docentes ni para el alumnado». Según expuso, después del tiempo de tramitación tienen claro que el motivo de presentación de esta ley, que consideran de contenido «escueto», «no es otro que el choque frontal con la democracia». Así, censuró que ante cada normativa que aprueba el Gobierno «legitimo» de España desde la Comunidad se muestren «insumisos».
El parlamentario de Más Madrid Antonio Sánchez criticó que hayan elegido ese nombre para la Ley cuando «están en contra para todo tipo de libertad», porque a la única que responden es solo a la «compraventa de sus derechos». «Le gusta la selección socioeconómica del alumnado», espetó.
