La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la causa que se abrió contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la manifestación feminista del 8 de marzo.
La Sección 30 de la Audiencia Provincial ha dictado un auto, con fecha del pasado 30 de octubre y al que ha tenido acceso Europa Press, que desestima los recursos que presentaron las acusaciones populares Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional y de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena contra el auto de sobreseimiento que dictó la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, al no ver indicios suficientes de delito.
La juez de Madrid adoptó esta decisión el pasado 12 de junio, un día después de escuchar al propio investigado y a un total de 18 testigos que comparecieron después, entre ellos el secretario general de la delegación del Gobierno, Fernando Talavera; siete funcionarios del organismo y 10 promotores de manifestaciones a los que llamaron para pedir que cancelaran sus concentraciones.
Rodríguez-Medel concluyó que José Manuel Franco, entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 ,»no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones».
Asimismo, señaló que «no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario». Tampoco «ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del covid-19», añadió la magistrada.
Por otro lado, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han dictado otro auto en el que rechazan los recursos presentados por la Abogacía del Estado, que ejerció la defensa del delegado del Gobierno, y por la Fiscalía contra la apertura de la causa el pasado 23 de marzo, cuando la juez de Madrid admitió la denuncia presentada por un particular contra la autorización de concentraciones multitudinarias los días previos a que el 14 de marzo se decretara el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
