La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha reiterado este viernes su petición de reunirse con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la «infamia» que supone acerar a presos de ETA, hasta sumar ya 109 traslados con el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que relaciona con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
«Son ya 99 los etarras beneficiados por la nueva política de Sánchez», lamenta la AVT, que recuerda que algunos lo han sido varias veces hasta sumar en total 109 traslados a cárceles más próximas al País Vasco y Navarra, donde según sus cálculos han ido ya 20. Además, del total, 29 tiene delitos de sangre. La asociación cuantifica 16 progresiones a tercer grado en el «balance total de esta infamia».
La AVT denuncia que se trata del «pago semanal de presos por Presupuestos Generales del Estado» y censura que once dirigentes de EH Bildu visitaran a presos de la banda terrorista durante el primer estado de alarma por el coronavirus. «Mientras, las víctimas del terrorismo no pudieron acudir a visitar a sus familiares, muertos en los cementerios», se han quejado.
La asociación señala que entre los seis traslados de este viernes –uno de ellos a San Sebastián por aplicación de un tercer grado– hay tres presos de ETA que tienen delitos de sangre. Es el caso de Aitor Olaizola Baseta –deja Cáceres por Palencia–, condenado a 75 años por asesinar a Santos Santamaría Avendaño, un agente de los Mossos d’Esquadra.
Zigor Bravo Saez de Urabain también fue condenado por colaborar en el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado, y ahora dejará Texeiro (A Coruña) para ir a Burgos, lo mismo que Gregorio Vicario Setién, condenado en su caso por participar en el atentado contra el militar Leopoldo García Campos y también Vicente Beti Montesinos, un trabajador del puerto de Barcelona.
