El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, afirmó este miércoles que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) “abre una nueva etapa” con el relevo de la directora “para reforzar las capacidades en materia de ciberseguridad y pode afrontar con mayores garantías algunas de las dificultades que hemos visto y de los problemas y de las brechas de seguridad”.
En su intervención ante la Comisión Constitucional del Congreso Bolaños reivindicó que el CNI se “dedica a salvar vidas y a protegernos a todos, y lo hace calladamente” porque “actúa, como todas las instituciones democráticas, con arreglo a derecho y con todas las garantías”.
“Quiero dejarlo meridianamente claro, eso es lo que hace el Centro Nacional de Inteligencia, actuar conforme a la ley y protegernos todos los días a toda la ciudadanía, salvando vidas de manera callada y de manera discreta”.
Así lo dijo en su segunda intervención porque, en la inicial, Bolaños se centró en el motivo de su comparecencia, el Plan Normativo del 2022, y defendió que “como Gobierno estamos demostrando agilidad en las respuestas y competencia en la resolución de los problemas que se van planteando”, y una hoja de ruta clara para «mejorar la vida de los ciudadanos».
Pero la gran mayoría de los portavoces evitó este asunto y centraron sus preguntas en el ‘caso Pegasus’ y coincidieron en demandar más explicaciones al Gobierno, incluso su socio en el Ejecutivo, Unidas Podemos, y socios parlamentarios como EH Bildu, que insistió en la necesidad de una comisión de investigación. Varios, como CUP y Junts, tacharon de “cortina de humo” el cese de Paz Esteban al frente del CNI.
“Sigue faltando una investigación parlamentaria”, reclamó la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, que abogó por “medidas necesarias para que las estructuras queden limpias”. “La llegada a galope que se ha producido del caballo Pegasus a este escenario ha acelerado el desgaste de este Gobierno, estamos en un momento crítico y han cometido un error, el creer que esto iba a pasar, pensar que sería tormenta de un día, y que esta tormenta está lejos de ceder, porque es lógico exigir claridad y trasparencia hasta el final”, avisó la portavoz de Bildu.
En respuesta a Aizpurua, Bolaños dio por zanjado el «control interno por el CNI» con las explicaciones en la comisión de secretos oficiales del Congreso al afirmar que el Ejecutivo ha “tomado medidas que ponen muy de manifiesto que tenemos voluntad de esclarecer los hechos».
El ministro insistió en la voluntad del Gobierno de desclasificar, si fuera necesario, documentación del caso y, ante las peticiones sobre la actualización de la Ley de Secretos Oficiales, especialmente por parte del PNV, recordó que está en el Plan Normativo de 2022 y “la voluntad es que en este ejercicio se avance en esa norma que data de 1968″ para que pueda ser «mejorada y actualizada”, algo que se hará “lo antes posible”.
Por otra parte, el diputado de Vox José María Sánchez demandó que tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asuman sus responsabilidades y, en su caso, convocar elecciones generales, tras considerar que «toda imputación de responsabilidad política a la directora del CNI es una burla» ya que «la única responsable» es la ministra y, «por encima de ella», el presidente del Gobierno.
Desde el Partido Popular, la diputada Edurne Uriarte le afeó que “manipulan” hechos referidos a su formación y acusó al Ejecutivo de que “no dialogan con el independentismo, sino que se someten al chantaje” de los socios parlamentarios con el cese de la directora del CNI. Además, la popular María Jesús Moro le espetó que el Gobierno “está confundiendo transparencia con publicidad” y le animó a reflexionar si “no cree que el cese debe ser el suyo”.
