El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este jueves que la Comisión Europea observa con «cero preocupación» el impacto que la ley de amnistía pueda tener sobre la «salud y la fortaleza» del Estado de derecho en España, según sus impresiones tras reunirse en Bruselas con la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Estado de derecho, Vera Jourova, y con el comisario de Justicia, Didier Reynders.
En una comparecencia ante los medios al término de las reuniones, Bolaños ha defendido que la ley de amnistía ha ocupado un tiempo mínimo de las conversaciones con Reynders y Jourova, porque «la mayor parte» de los encuentros se han centrado en tratar la «urgencia» por resolver el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
«Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de derecho y la separación de poderes en España», ha declarado ante la prensa en la capital europea.
Según el ministro, tanto Jourova como Reynders «conocen perfectamente» la proposición de ley que fue registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados y saben que «es absolutamente conforme con la Constitución», con el sistema legal español y con los valores de la Unión Europea.
Bolaños ha considerado «importante» acudir a Bruselas para «hablar sin ruido» y poder explicar la situación «con toda claridad, de manera leal, directa». En este sentido, el ministro también ha querido destacar que en sus intercambios con Reynders y Jourova ha dejado claro que «no hay ninguna duda de que es un asunto interno de España», aunque es «absolutamente conforme» con los valores de la Unión Europea.
El mensaje del Gobierno a los responsables comunitarios se ha dirigido asimismo a explicar que los «beneficiarios» de la ley de amnistía no son quienes tienen causas penales por el ‘procés’ sino «toda la sociedad catalana y toda la sociedad española», algo que, a juicio de Bolaños, «en Europa se entiende bien». «Si conseguimos una convivencia democrática normalizada», ha dicho el ministro, se habrá dado un «paso de gigante».
URGENCIA POR EL CGPJ
En todo caso, Bolaños ha destacado en su comparecencia que tanto la vicepresidenta comunitaria como el comisario de Justicia, ambos liberales, han puesto el foco en la «preocupación máxima» de Bruselas por el bloqueo en la renovación del CGPJ, una alerta que desde hace varios años queda recogida en el informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en todos los países de la UE.
Bolaños ha denunciado así el «comportamiento gravísimo» del Partido Popular por bloquear la renovación del órgano de los jueces y ha asegurado que el Ejecutivo comunitario «conoce quien es el responsable» de que no se logre un acuerdo para la renovación.
Así, el ministro de Justicia ha vuelto a «hacer un llamamiento al principal partido de oposición para que entre en razón», se llegue a un acuerdo para renovar el CGPJ y se pueda «recuperar la normalidad».
«La prioridad absoluta, obligatoria, es que se renueve», ha continuado Bolaños, al ser preguntado por si Reynders le ha trasladado también, como recoge el informe anual, la importancia de que se reforme también el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
«La preocupación máxima es que no se renueve el CGPJ conforme a la ley vigente», ha detallado, si bien ha añadido que la Comisión también le ha pedido que inmediatamente después del desbloqueo se inicien «conversaciones para buscar si puede existir algún otro método de renovación».
BRUSELAS CELEBRA EL DIÁLOGO
Tras su reunión con el ministro español, la vicepresidenta Jourova ha escrito en las redes sociales que «es un placer reunirse con el ministro Bolaños», sin dar más detalles sobre el contenido de la charla más allá de que abordaron los puntos previstos: la ley de amnistía, el Consejo General del Poder Judicial y «aspectos más amplios» sobre democracia y Estado de derecho.
Aunque el viaje de Bolaños a Bruselas se enmarca en la consulta iniciada por el comisario de Justicia en una carta al Gobierno preguntando por la ley de amnistía antes de que fuera registrada en el Congreso de los Diputados, Bolaños ha querido también reunirse con la vicepresidenta comunitaria encargada del Estado de derecho.
Reynders, por su parte, ha calificado su encuentro con Bolaños de «muy bueno» y ha indicado que «el diálogo con las autoridades españolas continuará», tras haber discutido con el ministro de la situación en el COGPJ y de «las últimas novedades» sobre la ley de amnistía.
Desde que el texto fue remitido al Ejecutivo comunitario, Reynders ha rechazado valorar públicamente de manera preliminar el fondo del texto a la espera de que los servicios jurídicos de la Comisión examinen la norma una vez que haya completado su tramitación parlamentaria y adopte su forma definitiva.
A falta de una evaluación formal, las primeras impresiones recabadas por Europa Press de distintas fuentes comunitarias tras llegar a Bruselas la proposición de ley apuntaron que el hecho de que quedaran salvados expresamente los intereses financieros de la UE y no hubiera referencias expresas al ‘lawfare’ o ‘guerra judicial’ dejaba ‘a priori’ sin base para actuar al Ejecutivo comunitario, al quedar la ley en su estado actual dentro del ámbito nacional.
DISCRECIÓN SOBRE EL VERIFICADOR
Por otra parte, al igual que Sánchez, Bolaños no ha querido entrar en detalles sobre el diálogo con Junts y el verificador, amparándose en la «máxima de la discreción» utilizada hasta ahora y la «publicidad y transparencia máxima cuando haya acuerdos». «Cuando sea el momento oportuno se darán detalles», ha replicado tras ser preguntado por el lugar del encuentro y por el verificador y quién paga su papel.
«Seremos discretos en las conversaciones, cuando deseemos dar información concreta sobre los detalles se facilitará y en todo caso cuando haya algún acuerdo se hará público con total transparencia», ha insistido, subrayando que la discreción «es la mejor garantía de que lleguen acuerdos».
En cuanto a las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados previstas en los acuerdos con los independentistas, Bolaños ha dejado claro que como otras en el pasado van «en paralelo a los procedimientos judiciales».
«Ninguna comisión de investigación en sede parlamentaria puede afectar a ninguna sentencia judicial ni a ningún procedimiento judicial», ha recalcado, incidiendo en que si en ellas «surgiera algún hecho que pudiera ser delictivo» entonces se trasladaría a la Fiscalía.
Bolaños ha reivindicado que «el Estado de Derecho en España funciona, tiene cauces, tiene procedimientos y las comisiones de investigación» en el Congreso son una fórmula para que desde el punto de vista político se pueda «analizar e investigar determinados hechos».
