El papa Francisco recibirá en audiencia privada este lunes al ministro español de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
La audiencia del Papa se produce en un momento en que las relaciones entre el Gobierno y el Vaticano se han visto afectadas por asuntos como la inmatriculación de bienes eclesiásticos y la investigación sobre casos de abusos sexuales.
Fuentes cercanas a los obispos expresaron a Servimedia sus dudas sobre el objetivo de la visita a Roma de la ‘mano derecha’ de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, que llega justo seis meses después de la audiencia que mantuvo en diciembre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, líder de los ministros de Unidas Podemos en el Ejecutivo.
Entonces, Díaz calificó de “emocionante” su cita de 50 minutos con el Papa, a quien llamó «Santo Padre» y regaló una estola elaborada a partir de plástico reciclado y bordada por las carmelitas descalzas de un convento de Alcalá de Henares. También le entregó un ejemplar de la escritora gallega Rosalía de Castro.
Aquella entrevista fue bastante cordial y está por ver qué ocurrirá en la del lunes. Las fuentes consultadas por Servimedia subrayan que «las buenas relaciones se sostienen sobre la fidelidad y la confianza» y con Bolaños como ministro no ha sido sencillo.
En esta ocasión, Bolaños entregará Papa una edición de Patrimonio Nacional de ‘Cantigas’ de Alfonso X, azafrán de Villafranca de los Caballeros (Toledo) y aceite de oliva de Jaén.
DIFERENCIAS CON EL GOBIERNO
La Conferencia Episcopal ha manifestado abiertamente su disgusto en varias ocasiones por el tratamiento de La Moncloa hacia ciertos temas que le afectan, como cuando Pedro Sánchez visitó en enero al presidente de los obispos españoles, el cardenal Juan José Omella, y el Ejecutivo dijo en un comunicado que había detectado 1.000 bienes inscritos indebidamente por la Iglesia.
Los prelados salieron varias veces en una misma semana a matizar aquella información explicando que no se trataba de inmatriculaciones indebidas, sino de errores en los registros detectados por los propios especialistas de la Conferencia Episcopal y que se ponían en conocimiento del Gobierno de España y del resto de las administraciones para ser subsanados.
La visión es distinta desde el Palacio de la Moncloa, donde se mantiene que existe una «buena relación» con la Iglesia en su conjunto, aunque se admiten «reticencias» con la Conferencia Episcopal en España porque tras la primera revisión de la lista de bienes inmatriculados «se les obligó a devolver unos 1.000 de ellos».
Apenas dos semanas después de la polémica sobre las inscripciones de bienes en los registros, desde La Moncloa se dio a conocer la intención de Pedro Sánchez de encargar al Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, la puesta en marcha de una investigación sobre los casos de abusos sexuales detectados exclusivamente en el ámbito de la Iglesia.
La Conferencia Episcopal siempre señala -a partir de datos oficiales de la Fundación ANAR- que los abusos detectados en su ámbito durante las últimas décadas representan un porcentaje muy pequeño del total de los que suceden en la sociedad, pues la inmensa mayoría se producen en el ámbito familiar.
De hecho, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, explicó en abril en una rueda de prensa que la Fiscalía General del Estado contabilizaba 15.000 casos abiertos sobre abusos sexuales pero apenas 68 eran referentes a la Iglesia. «Parece una decisión sorprendente que sólo se investigue el ámbito donde se producen los 68 y no los 15.000 restantes», dijo entonces.
En consecuencia, descartó participar en la investigación del Defensor del Pueblo y ha preferido poner sus casos en manos del bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo para que realice una auditoría independiente. Pese a tener dudas sobre la constitucionalidad del trabajo que está realizando el equipo que dirige Gabilondo, el presidente de los obispos le trasladó en un encuentro su disposición a colaborar con los trabajos que realicen dentro de las posibilidades que permita la legislación vigente.
Estos dos asuntos han erosionado las relaciones entre ambas instituciones e incluso han generado “disgusto por el tratamiento que han tenido algunos temas y las filtraciones desde el entorno de La Moncloa a los medios de comunicación de datos que no correspondían con la realidad”, en lo que consideran un intento de “manipular a la opinión pública”.
OFICINAS DE ATENCIÓN
Para tratar de esclarecer los hechos detectados y atender a las víctimas, la Conferencia Episcopal ha creado hasta esta primavera un total de 202 oficinas en las diferentes diócesis españolas y en las congregaciones religiosas que han contabilizado en los últimos dos años un total de 506 casos. De ellos, unos 300 se refieren a delitos perpetrados hace más de 30 años.
En concreto, en las 70 diócesis españolas hay abiertas 60 oficinas y a ellas se suman 142 oficinas de 121 congregaciones religiosas para investigar los hechos, in independencia de la prescripción legal del posible delito o el fallecimiento de los implicados. De hecho, hasta ahora ha detectado 103 agresores que han muerto décadas después de cometer los abusos y hay 300 denuncias sobre casos que ocurrieron más de 30 años a manos de sacerdotes, clérigos, religiosos y laicos.
