La Comisión Europea ha reactivado este miércoles el procedimiento de infracción que inició en marzo del pasado año contra el Gobierno británico por incumplir el acuerdo del Brexit al no aplicar el protocolo norirlandés, lo que en la práctica supone darle dos meses para dar marcha atrás en la ley que rompe unilateralmente con el pacto o elevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
«No hay duda ni justificación legal ni política para cambiar de manera unilateral un acuerdo internacional (…). Es ilegal. También es extremadamente dañino para la confianza mutua», ha asegurado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, en una rueda de prensa para explicar las medidas legales tomadas por la UE.
Bruselas aparcó este expediente sancionador meses después de iniciar su tramitación con el objetivo buscar una solución negociada a las diferencias, con la línea roja de no renegociar el fondo del acuerdo, pero la falta de avances y la nueva ley británica han llevado a los servicios comunitarios a reactivar la vía legal.
Para ello, los servicios legales comunitarios han enviado a las autoridades británicas un dictamen motivado, segunda fase en un procedimiento de infracción, que da un plazo de dos meses a Reino Unido para corregir la situación y advierte de que, en caso contrario, Bruselas podrá elevar el caso ante la Justicia europea, cuya competencia también contesta Londres.
Este caso denuncia en concreto el incumplimiento de las disposiciones en materia de circulación de mercancías y de los desplazamientos de animales de compañía aplicables.
Pero la Comisión ha decidido abrir además otros dos expedientes contra el Gobierno de Boris Johnson por incumplir sus obligaciones respecto a las reglas sanitarias y fitosanitarias de la Unión Europea previstas en el protocolo, una de las condiciones aceptadas por los británicos para que Irlanda del Norte pudiera seguir participando del Mercado Único europeo.
La Unión Europa considera que el incumplimiento de las salvaguardas previstas para evitar la vuelta a una frontera física en el Úlster supone una «violación del Derecho internacional» en tanto que el Acuerdo de Retirada que fija las condiciones del divorcio es un Tratado internacional.
A ojos de los Veintisiete, Reino Unido pretende con su última ley fijar las condiciones de acceso al Mercado Único unilateralmente» y esto es «inconcebible e inaceptable», ha advertido Sefcovic, quien ha insistido en que aún hay margen para soluciones consensuadas, a condición de que Reino Unido acepte también negociar.
