La Comisión Europea dio un ultimátum a las autoridades españolas el pasado 23 de septiembre para que, en el plazo de dos meses, tomaran las medidas necesarias para transponer plenamente a la legislación nacional las normas europeas en materia de servicios audiovisuales, en vigor en la UE desde septiembre de 2020.
El caso se remonta a noviembre del pasado año, cuando Bruselas decidió iniciar sendos procedimientos de infracción por no trasladar correctamente al derecho nacional la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.
Dicho aviso tenía la forma de dos dictámenes motivados que el Ejecutivo comunitario decidió enviar a España después de que el país no respondiera de manera satisfactoria en la primera fase de sendos expedientes sancionadores. El procedimiento de infracción prevé una tercera y última fase por la que la Comisión podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si tras el plazo que concede este dictamen motivado España sigue sin responder satisfactoriamente.
Además de contra España, Bruselas ha actuado contra otros dieciocho Estados miembro que tampoco han cumplido los plazos previstos por consenso a nivel europeo para transponer las nuevas normas e informar de tales transposiciones a los servicios comunitarios.
La Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA) fue revisada en 2018 para ajustar las reglas comunes a la nueva era digital y armoniza las normas de medios audiovisuales, incluidos los organismos tradicionales de radiodifusión televisiva y los servicios de vídeo a la carta, además de establecer medidas de protección sobre los contenidos compartidos en las plataformas de distribución de vídeos.
Así, la directiva prevé condiciones de competencia equitativas para los diferentes tipos de servicios de medios audiovisuales, garantiza la independencia de los reguladores nacionales de los medios de comunicación, preserva la diversidad cultural, por ejemplo, al exigir que los servicios de vídeo a la carta tengan disponible al menos el 30 % de obras europeas. También incluye normas de protección para los menores y consumidores en general y prevé medidas contra el odio.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, aprobó este martes la remisión al Congreso de los Diputados del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que incluye una cuota del 6% del contenido ofertado por las plataformas en catalán, euskera y gallego, en virtud de un pacto del PSOE y ERC para lograr el apoyo de los independentistas a las cuentas del Ejecutivo para 2022.
Tras la rueda de prensa del Gobierno para presentar los acuerdos alcanzados en la reunión de los martes y sin haberse hecho público el texto definitivo, fuentes gubernamentales confirmaron las plataformas internacionales no radicadas en España como Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime Video no tendrán que cumplir la cuota lingüística del 6%, al aplicarse el principio de país de origen que establece la Directiva europea.
Estas informaciones provocaron el enfado de Esquerra Republicana que convocó una rueda de prensa de urgencia esa misma tarde para poner sobre la mesa su posición en este sentido. Esquerra Republicana habló de «trampas» del PSOE para no cumplir su acuerdo de hace una semana y exigió incluir a las compañías extranjeras para que ERC apoye la norma.
En ese contexto, su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, avisó de que no es inteligente que el Gobierno «les toque las narices» con el tema de las lenguas cooficiales y de que esa actitud puede tener consecuencias para la negociación de próximas leyes o para la aprobación de los Presupuestos, actualmente en el Senado. «Están abiertos todos los escenarios», afirmaba Rufián, que añadía: «Si ERC no apoya la ley, no existe».
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo está «muy abierto» a negociar la Ley Audiovisual con los grupos parlamentarios en el Congreso, pero ha advertido que la norma «no puede contradecir la normativa europea».
