La Comisión Europea publicará este miércoles, 5 de julio, su nueva evaluación sobre la salud democrática de los países de la Unión Europea en donde se da por hecho que volverá a reclamar a España que emprenda con carácter de urgencia la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue bloqueado pese a las llamadas de atención de Bruselas.
Desde hace varios años los servicios comunitarios alertan del riesgo de que la falta de renovación en el órgano de gobierno de los jueces en España sea percibida como una vulnerabilidad de este órgano a su «politización», pero fue en su análisis anual del pasado año cuando por primera vez emitió una recomendación específica instando a su renovación.
El Ejecutivo comunitario llamó, además, a que España iniciara «inmediatamente después» una reforma del sistema de designación para que al menos la mitad de los vocales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, en línea con los estándares europeos.
En la edición de este año, la Comisión Europea constatará que no se han producido avances en la situación del CGPJ, cuyo bloqueo sigue enfrentando al Gobierno con el principal partido de la oposición. Fuentes comunitarias afirman a Europa Press que el adelanto electoral «no cambia nada» en sus conclusiones, que se ceñirán a la evolución de las recomendaciones durante el último año.
El trabajo comunitario hará balance de otras recomendaciones dirigidas a España, por ejemplo la necesidad de «reforzar» la independencia del fiscal general del Estado y desvincular la duración de su mandato respecto al periodo de legislatura del Gobierno, en línea con los estándares europeos sobre independencia y autonomía del Ministerio Público.
Asimismo evaluará los progresos en otros elementos sometidos a examen por ser considerados clave para la estabilidad del Estado de Derecho como la digitalización de la justicia, la lucha contra la corrupción o medidas para reforzar la libertad de prensa y la pluralidad de los medios.
LA REFORMA PENAL
Queda por ver el modo en que Bruselas ha observado cambios sustanciales en el último año, como la reforma del Código Penal que supuso la derogación del delito de sedición y cambios respecto al de malversación.
Hasta ahora, el Ejecutivo comunitario se ha resistido a tomar posición sobre este asunto por considerar que el marco de evaluación debía ser el informe que presenta este miércoles.
No obstante, cabe recordar que el pasado mayo la Comisión Europea propuso una armonización penal que obligaría a España a endurecer los nuevos tipos de la malversación, al señalar una pena máxima de al menos 5 años.
