La Comisión Europea estudia la carta remitida por tres de las principales asociaciones de jueces en España para alertar de posibles riesgos del Estado de derecho en el país por reformas legislativas recientes y prevé abordar la cuestión a finales de abril con los propios magistrados y con otros actores del mundo judicial, incluido el Gobierno, en el marco de la evaluación anual del sistema en cada Estado miembro.
«Hemos recibido la carta de los jueces españoles que estudiaremos con atención y responderemos en el menor plazo posible», ha indicado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand.
El portavoz ha añadido que este y otros asuntos relacionados con el sistema judicial en España serán abordados durante la «visita virtual» que los servicios comunitarios tienen previsto realizar a España «a finales de mes».
Con todo, Wigand ha precisado que estos contactos no son consecuencia de la carta recibida esta misma semana, sino que forman parte del examen anual que la Comisión realizada de cada Estado miembro y que ya estaba prevista para este mes en el caso de España.
Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press apuntan que se trata de contactos principalmente «a nivel técnico» y que, a falta de cerrar la agenda, esta ronda de contactos virtuales tendrán lugar entre el 29 y el 30 de abril.
En los últimos meses, el Ejecutivo comunitario ha expresado en varias ocasiones su llamada a que la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se realice en diálogo con la oposición y en consulta con la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa para asuntos legales y constitucionales.
Desde el pasado septiembre, cuando Bruselas publicó su primer informe sobre el Estado de derecho en los Veintisiete, el mensaje a España se centra en la importancia de que se aborde el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, pero «garantizando al mismo tiempo que el CGPJ no se perciba como vulnerable a la politización, tal y como ha recordado Wigand también este martes.
Bruselas trabaja ya en la segunda edición de este informe, prevista para el último trimestre de este año, y es en ese marco en el que sitúa toda la información relevante sobre la reforma del CGPJ, incluida la carta dada a conocer el lunes y que representa a más de 2.500 jueces españoles a través de la
Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI).
En el texto remitido a la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia, Vera Jourova, y del comisario del mismo del ramo, Didier Reynders, los magistrados denuncian lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en España por una serie de reformas que, a su juicio, amenazan la independencia judicial.
Así, critican «el apagón y desapoderamiento» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –por la reforma que impide nombramientos estando este órgano en funciones– y su «colonización por los partidos políticos», que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), «y con ello su independencia e imparcialidad».
Ante esta situación, las tres asociaciones de jueces plantean al Ejecutivo comunitario que sopese activar el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE para actuar ante amenazas graves del Estado de derecho, un mecanismo que abre la puerta a como la suspensión del derecho a voto en el Consejo europeo para los países que pongan en peligro los derechos fundamentales.
