La Comisión Europea quiere eximir de controles y sanciones relacionados con los requisitos medioambientales que se deben cumplir para acceder a ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a las pequeñas explotaciones agrarias, de menos de 10 hectáreas, para aliviar aún más la carga administrativa del campo.
Así se lo ha adelantado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al primer ministro polaco, Donald Tusk, en una conversación telefónica previa a la presentación formal de la propuesta.
El principal objetivo de estas propuestas legislativas es descargar de burocracia a los agricultores de la UE para darles a estos y a los Estados miembro una mayor flexibilidad para cumplir determinadas condicionalidades medioambientales, según ha trasladado Von der Leyen al líder polaco.
Sin embargo, la Comisión asegura que esto no comprometerá el nivel general de ambición en lo que respecta a los objetivos de protección medioambiental y climática de la política agrícola de la UE.
Esta nueva muestra de solidaridad con el sector se suma a la relajación de los requisitos medioambientales asociados a las ayudas de la PAC que ya anunció el Ejecutivo comunitario a finales de febrero con el ánimo de apaciguar las movilizaciones del campo a apenas tres meses de las elecciones europeas.
Para recibir el apoyo de la PAC al que tienen derecho, los agricultores deben respetar un conjunto mejorado de nueve normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima conocidas como ‘BCAM’, un principio de condicionalidad que se aplica a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE y desempeña un papel importante en la integración de prácticas agrícolas sostenibles.
Según datos del Ejecutivo comunitario, eximir a los pequeños agricultores de los requisitos asociados a estas normas simplificaría considerablemente el trabajo diario de los pequeños agricultores, que representan el 65% de los beneficiarios de la PAC, al tiempo que se mantendrían las ambiciones medioambientales, ya que estas sólo cubren el 9,6% de las superficies que reciben ayudas de la PAC.
REVISIÓN DE LAS BCAM
La Comisión también propone una revisión específica de las BCAM 6, de cobertura mínima de suelo en los períodos más sensibles; BCAM 7, de rotación en tierras de cultivo y BCAM 8, de porcentaje mínimo de barbecho, en la que se anima a los Estados miembro que ofrezcan más flexibilidad para su cumplimiento.
Además de estos cambios específicos, Bruselas plantea que los Estados miembro puedan eximir a determinados cultivos, tipos de suelo o sistemas agrícolas del cumplimiento de los requisitos sobre labranza, cobertura del suelo y rotación o diversificación de cultivos (respectivamente, BCAM 5, 6 y 7).
También será posible establecer exenciones específicas para permitir el arado y restaurar pastos permanentes en lugares ‘Natura 2000’ en caso de que sufran daños debido a depredadores o especies invasoras (BCAM 9).
En casos extremos de condiciones climáticas adversas que impidan a los agricultores trabajar adecuadamente y cumplir los requisitos de las BCAM, los gobiernos también podrán introducir excepciones temporales, que deberán tener una duración limitada y aplicarse únicamente a los beneficiarios afectados.
Los países de la UE también tendrán que revisar sus planes estratégicos de la PAC antes del 31 de diciembre de 2025 si se actualizan a nivel de la UE leyes medioambientales y climáticas específicas, como por ejemplo, sobre la conservación de las aves silvestres y los hábitats naturales de la fauna y la flora silvestre o la protección de las aguas.
La Comisión ha concluido que ahora es «de suma importancia» que el Consejo y el Parlamento Europeo, como colegisladores, lleguen a un acuerdo sobre la propuesta legislativa presentada este viernes de manera oportuna para garantizar a los agricultores que estas nuevas medidas pueden aplicarse «lo antes posible».
MEDIDAS ADICIONALES
Para contribuir a las discusiones en curso con los ministros de agricultura y la Eurocámara, la Comisión ha propuesto también otras acciones que podrían llevarse a cabo a corto y medio plazo, como la puesta en marcha de un observatorio de los costes de producción, los márgenes y las prácticas comerciales en la cadena de suministro agroalimentaria.
Además, Bruselas propone mejoras específicas del marco jurídico actual establecido en el reglamento por el que se crea una organización común de mercados de productos agrícolas, que pasan por reforzar las reglas aplicables a los contratos que los agricultores celebran con compradores en la industria alimentaria o el comercio minorista, y fortalecer las organizaciones de productores.
En la misma línea, la Comisión propone la posibilidad de nuevas normas sobre aplicación transfronteriza contra prácticas comerciales desleales y ha comprometido una evaluación exhaustiva de la directiva sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos, en vigor desde 2021.
Los debates con los Estados miembro sobre estas posibles medidas se llevarán a cabo en varios formatos, comenzando por el próximo Consejo de Agricultura previsto el 26 de marzo.
