La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, manifestó este lunes que no se descarta recurrir a los créditos europeos y señaló que las previsiones gubernamentales apuntan a un crecimiento del PIB en el cuarto trimestre por encima del 1,5% e inferior al 13% estimado para el tercer trimestre.
En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, la vicepresidenta respondió que no se descarta recurrir a los créditos europeos, aunque “la prioridad” será financiar inversiones con las transferencias, que tienen un importe máximo para España de 72.000 millones de euros y que “solo se pueden ejecutar” en el periodo 2021-2023. “Si hace falta más recurriremos a los créditos”, señaló Calviño, quien precisó que para ejecutar esa financiación se dispone de seis años.
Al ser preguntada sobre si la propuesta del Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pone en riesgo la recepción de los fondos europeos, Calviño incidió en que “lo deseable sería que hubiera un diálogo con el principal partido de la oposición” para alcanzar un acuerdo y que ella “no relacionaría” ese asunto con los fondos. “Tenemos que garantizar el buen funcionamiento de las instituciones porque es lo bueno para el país”, defendió.
Por otra parte, la vicepresidenta indicó que, para el cuarto trimestre de este año, la previsión de crecimiento del PIB será “de menor intensidad” que la del tercero, proyectada en el entorno del 13%, pero superior al 1,5% apuntado por algunos organismos. Para la responsable de los asuntos económicos, “eso no es un problema, mientras se mantenga la recuperación económica estamos en la senda correcta”.
La vicepresidenta incidió en la importancia de “atajar” los rebrotes por coronavirus al detectar que en las comunidades autónomas en las que “se actúa con eficacia”, el impacto en la economía es pequeño.
En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, la vicepresidenta económica insistió en que las negociaciones están “muy avanzadas” y en “próximas semanas” se llevarán al Parlamento. Defendió que es “urgente e imprescindible” sacar adelante unas nuevas cuentas públicas y apostó por hacerlo con el “máximo apoyo parlamentario”.
Destacó que se contará con 27.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos que se recibirán a lo largo del próximo año, pero se parte de que no se dispondrán de ellos el 1 de enero y la financiación se acompasará con los que vayan llegando. La vicepresidenta justificó que no se constituya una agencia específica para gestionarlos por el tiempo que iba a llevar hacerlo.
Al ser preguntada sobre si se bajará el IVA a las mascarillas, respondió que “la situación ha cambiado radicalmente” respecto al inicio de la pandemia y “no es esa la cuestión que puede suponer un obstáculo más importante”.
En el terreno fiscal, la vicepresidenta señaló que se debe abordar una “revisión en profundidad de todas las bonificaciones” y que “algunas decisiones las vamos a tomar ya” y para otras que requieren “más calma y profundidad” se va a constituir un “grupo de alto nivel” con el objetivo de “ver qué reforma fiscal sería la que tendríamos que abordar de cara al futuro”. En este sentido, apuntó a las bonificaciones en el ámbito laboral o en el impuesto de Sociedades, tras los estudios de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
También aseguró que las medidas de apoyo a familias y empresas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se van a mantener “mientras sea necesario” y se irán “adaptando”, pero quiso matizar que “tienen un grandísimo coste fiscal”.
