El ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha salido al paso de los recelos que pueda generar su regreso a la Audiencia Nacional tras ser cesado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En una entrevista concedida a Europa Press, manifiesta que «volver al puesto de trabajo al que accediste hace 34 años no es ninguna contaminación ni ninguna puerta giratoria, es una vuelta a tu profesión».
Según Campo, su condición de ex ministro de Justicia no supondrá ningún problema porque en la propia Ley se establece su obligación de abstenerse de todos los procedimientos «en los que estén los partidos o los representantes de los partidos», por lo que la situación no le genera ningún problema. «Y después están los mecanismos tradicionales de abstención y recusación, son mecanismos que están ahí», añade.
Para el ahora juez en activo, lo importante es que la Audiencia Nacional, y concretamente la Sala de lo Penal de la que formará parte, es un órgano en el que las decisiones se adoptan de forma colegiada, «y no cabe la influencia de nadie salvo la jurídica».
«En ese sentido tengo la tranquilidad absoluta de que no voy a meter tensión a mis compañeros ni ellos a mí, porque somos conscientes de que la ley es clarísima sobre este particular y no hay ningún problema», añade, para subrayar que su plaza en la Audiencia Nacional es «de puro escalafón», por concurso en el que ha accedido por ser el más antiguo en solicitarla.
Según Campo «hay que enviar un mensaje de tranquilidad» ya que la Justicia es lo suficientemente fuerte para que su regreso no suponga ningún tipo de perturbación. «Hay mecanismos facílisimos de aplicación para evitar no ya la pérdida de imparcialidad sino también la percepción de esa pérdida, que es un elemento a cuidar», insiste.
Por ello, concluye que es importante explicar que «alguien que ha estado en la política no llega contaminado» a un órgano judicial, y que lo que hay que hacer es vertebrar un sistema para que la ciudadanía confíe en la independencia. Por su parte, afirma haber sido recibido con «calidez» tanto por el presidente de la Audiencia Nacional como por la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel y el presidente de su sección, Alfonso Guevara. «Así todo es fácil», afirma.
SU CESE
Preguntado acerca de las razones de su cese como ministro de Justicia, Campo ha asegurado que las desconoce. «Lo que sí he visto (es) la manifestación del presidente en orden a lo que es lo verdaderamente importante: pegarle un cambio al Gobierno en un momento de impulso y de reconstrucción del país», manifiesta, asumiendo que en esta coyuntura Pedro Sánchez «entiende que unas personas concretas son las que están más capacitadas para afrontar el nuevo reto país».
En cualquier caso, considera que «no hay que preocuparse mucho» por los motivos, porque desde que se llega al Gobierno se tiene que ser consciente de que «quien tiene la competencia otorga la confianza y, con la misma legitimidad, la retira». «Yo solo tengo palabras de agradecimiento para el presidente», asevera Campo, recalcando que ha sido «un honor» haber formado parte del Ejecutivo. Dar vueltas a por qué se acaba «solo te puede conducir a la melancolía», ha zanjado.
Campo ha negado asimismo que se sienta utilizado por haber sido cesado poco después de que llevara al Consejo de Ministros la propuesta de perdonar la pena de cárcel a los condenados por el proceso independentista en Cataluña. «No, en absoluto (…). Insisto, solo tengo palabras de agradecimiento para el presidente. En absoluto me he sentido nunca utilizado», ha respondido tajante, para añadir que tramitar las peticiones de indultos fomuladas a favor de los presos del ‘procés’ «era una cuestión obligada» por ley. «Y, ahora que ocurre esto, no voy a decir que se me ha utilizado», ha añadido, estimando que ha hecho en cada momento lo que la «responsabilidad» como ministro de Justicia le exigía.
CATALUÑA, UN PROBLEMA POLÍTICO Y SOCIAL
Más allá de defender la decisión del Gobierno de indultar a los líderes independentistas, Campo ha rehusado pronunciarse sobre los posibles efectos de la medida de gracia. Dadas sus nuevas responsabilidades como juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, prefiere ser «súper prudente».
«Solo espero, eso sí, que se resuelva un problema de convivencia, porque es lo que se ha pretendido con los indultos», ha dicho, argumentando que es necesario remover los «obstáculos» que impiden el diálogo, «la clave de la democracia».
Campo ha hecho hincapié en que estamos ante «un problema que es de un hondo calado político» pero también un problema social porque «tiene enfrentados a catalanes con catalanes y a catalanes con el resto de españoles». «Un Gobierno creo que tiene que intentar superar todas esas dificultades», ha reivindicado.
RENOVACIÓN CGPJ
Cuestionado por el tema aún pendiente de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018, Campo ha señalado que en su día sólo faltó «la valentía del PP en hacer público», un acuerdo al que ya se había llegado. «Y así lo han reconocido», ha apuntado.
Por ello, confía en que los nuevos ministros de Justicia y Presidencia, Pilar Llop y Félix Bolaños, «muevan los obstáculos» que impiden a día de hoy el acuerdo. «Me preocupa, también como juez en activo, que la calidad de las democracias se miden por la solidez de sus instituciones, y creo que tenemos que creernos las instituciones y la renovación de las mismas cuando toca, es una manera de fortalecer nuestra democracia que es muy plena, pero no podemos descuidarla», añade.
Sobre la relación con Podemos en el Gobierno de coalición, Campo se ha limitado a señalar que el trabajo para la consecución de leyes como la del «sí es sí», «fue complicado», si bien «lo importante es el resultado no el esfuezo que se dejo en el camino», porque las leyes salen y son de un Gobierno. En este punto, afirma que se queda con las palabras que le dirigió el ex vicepresidente Iglesias cuando se marchó o las de la ministra de Igualdad cuando él fue cesado.
A LECRIM Y OTROS PROYECTOS PENDIENTES
Por otro lado, ha hecho repaso de los proyectos que ha puesto en marcha en año y medio de mandato, entre los que destaca la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Se ha mostrado «convencido» de que saldrá adelante porque la vigente «ha dado un resultado extraordinario pero tiene 140 años y creo que hay que ajustar el proceso penal al modelo constitucional».
Interrogado sobre la contestación a la nueva LeCrim en el Consejo Fiscal, a pesar de que arrebata la instrucción a los jueces para dársela a los fiscales, le ha restado importancia porque «el momento de la discrepancia es ahora». Así, ha augurado que «habrá cosas tremendamente interesantes que puedan mejorar el texto», incidiendo en que el anteproyecto aprobado por el Gobierno es solo «la primera palabra».
Además, ha augurado que tanto la LeCrim como las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital, que define como «piezas» de la «placa base» para modernizar la Justicia a través del plan 2030, «van a contar con un enorme respaldo en el arco parlamentario» porque «son normas absolutamente consensuadas». «Espero que sean leyes que veamos en el BOE», ha confiado.
Ha resaltado igualmente la colaboración de las CCAA, con las que llegó a aprobar por unanimidad el primer reparto de los fondos UE. «Hay que sentise, con humildad, tremendamente orgullosos de que hayamos hecho eso. Ha habido un sacrificio recíproco», ha valorado. En conjunto, se declara «muy satisfecho y muy agradecido», aunque consciente de que «quedan muchas cosas por hacer».
