Cáritas ha alertado este lunes del «importante aumento» del número de personas en situación administrativa irregular, que son atendidas dentro de los programas de recursos para inmigrantes de todo el país.
Según explica la organización, este impacto se viene detectando en los últimos años y se está viendo incrementado como consecuencia de la pandemia, en la que, a causa de la masiva destrucción de empleo y de medios de vida, está empujando a la irregularidad sobrevenida a muchas de estas personas.
«Al dejar de tener un empleo fijo, se ven abocadas a una situación administrativa irregular, a la pérdida de derechos y a unas condiciones de gran vulnerabilidad e invisibilidad social», advierte Cáritas en un comunicado, recogido por Europa Press.
Según los últimos datos de actividad aportada por las Cáritas Diocesanas de toda España, un tercio de las personas acompañadas a través de sus programas y recursos para inmigrantes están en situación administrativa irregular. Se trata de unas 120.000 personas que, además, debido a su extrema precariedad, necesitan del apoyo de Caritas durante una media que oscila entre 1 y 2 años.
PERSONAS INVISIBLES PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Desde la entidad indican que es «una realidad invisible» sobre la que ahora quieren poner el foco dentro de una nueva fase de la camapaña ‘Compartiendo el viaje’ y bajo el lema ‘Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos’.
‘Compartiendo el viaje»‘, explica Cáritas, se puso en marcha en septiembre de 2017 a instancias del Papa Francisco para fomentar la cultura del encuentro y un mayor conocimiento de la realidad de las personas que se ven obligadas a migrar: hombres, mujeres, niños y niñas, cada uno con su nombre y su vivencia y un lugar de origen, tránsito y destino.
Uno de los ejes estratégicos de la acción de la organización en su lucha contra la pobreza es «el trabajo con miles de personas invisibles para las políticas públicas», como es el caso de estos inmigrantes para quienes «no existen nunca fondos oficiales, ni estatales ni europeos», puesto que se trata de personas en situación administrativa irregular y, por tanto, «no cuentan, no están, no existen».
«Hablamos de personas que hasta ayer mismo desarrollaban en nuestra sociedad un trabajo legal y remunerado en sectores de actividad económica muy relevantes, como la restauración y la hostelería, el cuidado de personas dependientes, el empleo del hogar o la mensajería», explican, para indicar que, al perder estas personas su empleo, han perdido también, según «lo establecido en la actual Ley de Extranjería, su estatus legal y, con ello, el acceso a derechos básicos».
TESTIMONIOS REALES
«En muchos casos y dado que no pueden disponer de ninguna ayuda ni prestación social, estas personas tienen miedo y dejan de salir a la calle por temor a ser expulsados», advierte Cáritas.
Para la campaña, la entidad ha hecho un recorrido por distintas situaciones de irregularidad sobrevenida en las que se encuentran personas migrantes que «ponen en evidencia» cómo las leyes pueden no ser justas, como ocurre con la Ley de Extranjería.
En este sentido, explica la entidad, tanto Cáritas Española como Cáritas Europa, defienden un planteamiento alternativo del marco legal de migración, con objeto de que la puerta de acceso a los derechos de estas personas no dependa exclusivamente del mercado laboral.
A su juicio, en la situación económica actual dominada por la crisis social y económica causada por la Covid-19, tener empleo fijo no está al alcance de la mayoría de las personas. Y en el caso de miles de personas de origen extranjero, advierte Cáritas, quedarse fuera del mercado laboral significa pasar a la invisibilidad y a la pérdida de derechos propios y de sus familiares.
«La Ley de Extranjería está orientada primordialmente a la regulación del flujo de mano de obra extranjera. Sin embargo, quienes llegan son, por encima de su condición de trabajadores, personas», apunta.
Ante esa situación, la organización propone una «integración social basada en los criterios del arraigo social», que ponga en valor «las raíces de estas personas en la comunidad donde trabajan y viven», y de «la vecindad, ordenada a través de la figura del empadronamiento».
«De esta forma, quedarían garantizar la renovación o el acceso de estas personas a una situación administrativa regular y, por tanto, al disfrute de derechos básicos: «queremos vecinos», ha concluido.
