Cáritas atendió en 2022 a 500.000 migrantes en situación administrativa irregular, un 43% más que en 2019, según se desprende del documento FOCUS ‘Vulneración de Derechos. Las personas en situación administrativa irregular’, publicado este miércoles por la Fundación FOESSA con el fin de analizar las consecuencias que tiene sobre este colectivo la extrema precariedad económica y el no poder acceder a ayudas de vivienda, atención sanitaria o al empleo.
En el trabajo, Cáritas recuerda que la realidad de las personas extranjeras en situación administrativa irregular no es visibilizada ni reconocida en los datos oficiales. Según el INE, en el año 2022 el total de población de origen inmigrante residente en España es de 5.542.932 millones de personas, representando el 11,7% del total de la población de España.
De estas, 3.925.021 son de origen extracomunitario, representando el 8,3% del total de la población, prevaleciendo levemente el número de hombres (1.972.569) sobre el de mujeres (1.952.452). Sin embargo, Cáritas destaca que se desconoce oficialmente el total de personas de origen inmigrante en situación irregular.
Las únicas cifras estimadas hasta ahora las habían ofrecido las ONG impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar a cabo una regularización extraordinaria de migrantes, en tramitación en el Congreos, que en mayo de 2023 cifraban en 405.000 y 446.000 las personas en situación irregular en España.
Ahora, a partir de los programas los programas de acción social de Cáritas Española que acogen a estas personas, tanto en su proceso de regularización como de protección de los Derechos Humanos e inclusión social, la organización ha contabilizado al menos a un total de medio millón de migrantes en situación irregular en España. Y estas personas son solo las que han sido atendidas por Cáritas.
En particular, explica que las personas de origen inmigrante con nacionalidad extracomunitaria están sobrerrepresentadas entre la población en situación de exclusión social en España, pues si bien representan el 15% del total de la población, sin embargo, son el 25% de la población en dicha situación de exclusión social en el país.
«Según los últimos datos disponibles aportados por las Cáritas Diocesanas de toda España, en el año 2022 aproximadamente el 32% de la población acompañada a través de sus programas y recursos se encuentra en situación administrativa irregular (500.000 personas) y necesitan del apoyo de Cáritas un periodo medio que oscila entre 1 y 2 años», detalla explica Thomas Ubrich, de la Fundación FOESSA y miembro del equipo de Estudios de Cáritas Española.
El documento indica que, mientras que en la población española la incidencia de la exclusión social es del 26%, para las personas de origen extracomunitario se eleva al 68% e incluso hasta el 81% para las personas en situación administrativa irregular, lo que una supone una incidencia tres veces mayor.
El estudio señala que existe una relación directa entre la falta de reconocimiento y acceso al derecho a la salud, al acceso al empleo y a las ayudas de vivienda y la mayor incidencia de rasgos de exclusión social en este grupo de personas. De hecho, el 28% de las personas en situación administrativa irregular vive en hogares con todas las personas activas desempleadas. En el caso de ser las sustentadoras principales del hogar, el 23% tiene un empleo sin contrato legal y sin cotizar a la Seguridad Social.
«No contar con una autorización de residencia o trabajo dificulta y mucho la inclusión laboral pese a que se trata a su vez de la condición sine qua non para lograr casi cualquier autorización por razones excepcionales», indica Thomas Ubrich.
Para María Segurado, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, «el obstáculo primordial surge de la lógica intrínseca del régimen general de extranjería y de la práctica inexistencia de vías legales y seguras de entrada en España, así como la exigencia mayoritaria de un trabajo para acceder a una autorización excepcional cuando las personas extranjeras ya son nuestras vecinas».
Tres de cada diez (31%) personas en situación administrativa irregular atendida por Cáritas reconocen además haber sufrido un trato discriminatorio por razón de su nacionalidad u origen étnico frente al 22% de las personas extracomunitarias y el 5% de las españolas.
EL ACCESO A LA VIVIENDA, CONSECUENCIA DE LA EXCLUSIÓN
El acceso a la vivienda suele ser la consecuencia del conjunto de situaciones de exclusión que viven estas personas. En este sentido, siete de cada 10 tienen que asumir gastos excesivos de la vivienda que les dificulta mucho poder cubrir otros gastos esenciales.
Cáritas alerta de que la falta de ingresos estables y suficientes les obliga muchas veces a vivir en casas con importantes carencias de habitabilidad (el 17% con situaciones de insalubridad) o en hacinamiento grave (el 35%).
Mientras, el 24% viven en hogares con tenencia de la vivienda en precario (el 11% de personas con origen extracomunitario o el 5% con nacionalidad española).
A pesar de la modificación operada en la normativa de acceso a la atención sanitaria con el Real Decreto 7/2018 que derogaba el Real Decreto 16/2012, las personas en situación administrativa irregular, según los territorios, también tienen muchas dificultades para ver reconocido su derecho a la atención sanitaria que, tras la reforma ha quedado al arbitrio de la normativa autonómica.
De hecho, el 17% viven en hogares con graves de problemas nutrición: con alguien que ha pasado hambre en los 10 últimos años con frecuencia o la están pasado ahora, mientras que más de la mitad (57%) viven en hogares con problemas económicos que les obliga a renunciar a la compra de ciertos medicamentos, dietas o tratamientos médicos.
«Para garantizar los derechos humanos de las personas migradas es fundamental poder avanzar hacia una puesta en práctica real de las vías legales de entrada que en la actualidad han tenido un desarrollo normativo escaso, pero además debemos avanzar en una solución jurídica que garantice todos sus derechos y que no deje en el limbo de la irregularidad a personas que llevan años aportando a nuestra sociedad», señala María Segurado.
Por ello, Cáritas pide revisar las condiciones de acceso regular para garantizar la igualdad de trato de todas las personas extranjeras, así como el acceso a una autorización de residencia que contemple otros requisitos no vinculados necesariamente a contar con contrato de trabajo.
«La reagrupación familiar -por ejemplo- es una vía legal y segura, pero en muchos casos no es posible porque si bien se han flexibilizado los requisitos desde el punto de vista económico, la principal dificultad para las personas migrantes sigue siendo el acceso a la vivienda. Muchos no tienen posibilidades de alquilar porque las condiciones son inalcanzables», explica la organización en su documento de propuestas políticas pretentado en junio con motivo de las elecciones genarales.
