Casi la mitad de las mujeres y niñas del mundo, un 45%, no se sienten capaces de decidir sobre su cuerpo, esto es, para determinar si debe tomar anticonceptivos, tener hijos, negarse a sufrir una mutilación genital o para mantener relaciones sexuales.
Así lo recoge el informe ‘Mi cuerpo me pertenece’ del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). El estudio se ha centrado en dos indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: el que mide el poder de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre el cuidado de la salud, la anticoncepción y las relaciones sexuales, y el que evalúa las leyes y políticas de los países sobre este mismo tema.
A través de estos análisis y el testimonio de mujeres y niñas de entre 15 y 49 años de todo el mundo, se han recogido datos que, para uno de los investigadores del estudio, Jaume Nadal, son «alarmantes» y «preocupantes».
Empezando, ha explicado, por el hecho de que «casi la mitad» de las encuestadas no se siente con la capacidad necesaria para decidir sobre su cuerpo. Además, ha precisado, en su mayoría es porque no conoce que tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y porque en su comunidad existen leyes o prácticas culturales muy arraigadas.
Así, cuanto Nadal se ha referido, en rueda de prensa, a los factores que impiden que esas mujeres adopten decisiones autónomas sobre su cuerpo, se ha referido a leyes que permiten o arraigan «la desigualdad de género, como el matrimonio infantil, la negación de la educación afectivo-sexual, la mutilación femenina, el examen anal forzado, las violaciones homófobas y tránsfobas, los asesinatos por honor o la violencia machista dentro del matrimonio.
SITUACIÓN DE RETROCESO POR LA PANDEMIA
También se ha referido a normas que obligan a las mujeres violadas a casarse con su agresor o las pruebas de virginidad a las mujeres. «Son prácticas que vulneran los derechos humanos más fundamentales y que aún siguen presentes en muchas sociedades», ha indicado.
Además, ha advertido, con la irrupción de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, esta situación se ha agravado y, en algunos casos, ha supuesto un «retroceso» en prácticas que habían acercado a un país a la igualdad de género.
Como ejemplo, el estudio recoge el incremento en 4 millones de casos, a escala mundial, de mujeres sometidas a mutilación genital como consecuencia del confinamiento y aislamiento de las mismas. «Los poderes públicos no pudieron intervenir para prevenir en esta situación», ha lamentado el experto.
En relación al segundo indicador que ha analizado el estudio, el que se refiere a la legislación de los países, Nadal ve «claras contradicciones» entre la información que dan los estados y la realidad de la población.
CONTRADICCIONES ENTRE LEYES
Así, el informe recoge que el 80% de los países aseguran tener leyes favorables a la salud y al bienestar sexual; un 75% señala que tienen leyes que garantizan el pleno acceso e igualitario a los métodos anticonceptivos y el 56% indica que sus normas apoyan la educación afectivo-sexual integral. Para Nadal, estas cifras no son compatibles con que un 45% de las mujeres no se vean capaces de decidir sobre su cuerpo.
En la práctica, ha denunciado el investigador, hay países que determinan por ley la edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales en los 14-16 años, pero no legislan a favor de que los menores tengan acceso a la educación afectivo sexual o no permiten el acceso a los métodos anticonceptivos hasta la mayoría de edad.
Esta situación, explica, está «privando» a los jóvenes a partir de los 14 años, que sí pueden mantener relaciones consentidas, de información para evitar embarazos no deseados, Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) o a gozar de una vida sexual plena».
Sobre las recomendaciones del informe para cambiar esta situación y lograr «la autonomía personal universal», UNFPA llama a reformular normas, a promover la educación y hacer un seguimiento del progreso de implementación de los programas que promuevan la información de este derecho.
