El juez de Instrucción número 42 de Madrid, que investiga los contratos suscritos por Unidas Podemos con la consultora política Neurona con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, retoma este viernes las diligencias con el interrogatorio a tres imputados en la causa, entre ellos el de Carlos García Ramos, miembro de IU y uno de los dos administradores mancomunados de la coalición electoral Unidas Podemos.
El juez Juan José Escalonilla también ha citado a lo largo de la mañana al administrador de la sociedad, Elías Castejón, así como a la persona de contacto de Neurona, Eduardo López, igualmente en calidad de investigados.
Tiene previsto tomar igualmente declaración a varios testigos del caso, entre ellos Manuel Campos García, arquitecto del proyecto de ejecución de las obras de la sede nacional de Podemos.
INTERROGATORIOS PESE AL CONTACTO COVID
Las diligencias se celebrarán a pesar de que la defensa de Castejón pidió a principios de esta semana al juez que aplazara las comparecencias porque su cliente ha estado en contacto con una persona que ha dado positivo en coronavirus y debe permanecer confinado hasta la próxima semana, han confirmado a Europa Press fuentes personadas en la causa.
El caso parte de una denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre cuatro hechos supuestamente delictivos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras ‘moradas’ –la abogada Marta Flor–; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.
Escalonilla ha cerrado el caso en lo relativo a ABD y a la Caja de Solidaridad –la llamada ‘Caja B’–, pero la causa continúa para los demás hechos denunciados, entre los que destaca el contrato suscrito con Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
El juez ve «indicios racionales» acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos «no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado», sino que habrían sido «una distracción de dinero» de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral.
La Fiscalía aprecia igualmente la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo» en los servicios contratados con Neurona, pero ha recomendado limitar las pesquisas a este contrato al estimar que las demás cuestiones indicadas por Calvente son meros «rumores, sospechas o suspicacias».
Además, la Fiscalía ha aconsejado a Escalonilla que mantenga a Podemos como investigado porque «resulta más garantista para el mismo, por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias».
