CCOO pidió este jueves a las administraciones que mejoren la protección a los consumidores energéticos vulnerables, especialmente el bono social eléctrico.
El sindicato ha elaborado un informe sobre este bono social en el que analiza el marco regulatorio, los requisitos de acceso y los tipos de personas beneficiarias, así como la cobertura y las prestaciones de este bono social.
CCOO considera que debe actuarse sobre los dos elementos de protección del bono social eléctrico: los límites máximos de energía bonificada y los descuentos que se aplican sobre esos límites.
A su juicio, los topes máximos de energía bonificada no tienen en cuenta los consumos reales ni los diferentes factores que influyen en su aumento (tipo de vivienda, sistema de calefacción o zona geográfica), y tampoco están adaptados a los actuales precios de la energía.
Comisiones calcula que en el mes más caro de la electricidad, marzo de 2022, los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico han ofrecido poca protección a los hogares con calefacción eléctrica y con el resto de consumos electrificados.
«Con el fin de abordar estos problemas, la energía bonificada debería estar en consonancia con los consumos medios de los principales tipos de hogares y los porcentajes de descuento tendrían que adaptarse periódicamente a las variaciones que se produzcan en el precio mayorista», indica el estudio.
COBERTURA
En relación a la cobertura, en febrero de 2022 el bono social eléctrico llegó a 1,19 millones de hogares, muy por debajo de la incidencia estimada por los indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Entre 2019 y 2021 se ha duplicado el número de hogares en situación de pobreza energética, que afecta a entre 2 y 3 millones de hogares.
CCOO señala que entre las medidas que permiten incrementar la cobertura está mejorar el procedimiento de solicitud, ya que se estima que el 50% de los potenciales beneficiarios no lo solicita por la dificultad del mismo. No obstante, cree que la medida más efectiva para abordar este problema sería automatizar la solicitud de forma que la comprobación del cumplimiento de los requisitos se realice sin necesidad de que medie petición de la ciudadanía. Esto se ha aprobado en marzo de 2022 para las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital y se aplica en países como Portugal.
Por otro lado, el sindicato mantiene que los criterios de renta deberían tener en cuenta la situación económica de los hogares en el mes anterior a la solicitud, en especial en un contexto de crisis como el actual, y no solamente la que tenía el hogar en el momento que presentó su última declaración de la renta.
«Hace falta una mayor implicación de las administraciones públicas en la gestión de esta ayuda. No existe un organismo público que garantice que el bono social constituye una prestación de nuestra política social. El reconocimiento de este derecho no debería estar en manos de las empresas eléctricas sino de las administraciones públicas», agrega Comisiones Obreras.
