CEA se opone radicalmente a los peajes por uso de autovías, que implantará el Gobierno en 2024

Wenceslao Pérez Gómez

La propuesta que el Gobierno remitió a Bruselas el pasado mes de mayo, concretamente en el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, de la que no se conocían más detalles desde entonces, ha derivado en la confirmación de implantar un sistema de tarifación a partir de 2024, como indicó ayer el secretario general de Infraestructuras del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Sergio Vázquez.
El Comisariado Europeo del Automóvil, CEA, en defensa de los automovilistas, se posiciona radicalmente en contra, de que el Gobierno desarrolle un sistema de pago por uso en las autovías, matizando, para calmar ánimos, que este sistema mantendrá algunas diferencias, sin explicar a qué diferencias hacen referencia y, a quién beneficiará o perjudicarán.
Según indica el Gobierno, no tiene sentido que el mantenimiento y la conservación de la infraestructura se siga sufragando con los impuestos de todos los españoles, ya que tienen medidas más urgentes como son las políticas sociales. El Gobierno no expone de forma clara la elección de cobro, que podría ir desde un céntimo por Kilómetro a una tarifa plana fija y anual, siendo un pago superior
para los propietarios de coches que sean más contaminantes o antiguos.

En este sentido. Rafael Fernández-Chillón, presidente de CEA, ha manifestado que: “con esta medida: se va a llevar a los conductores a circular por las carreteras secundarias, con el peligro que ello supone ya que numerosos automovilistas, y también, de forma significativa, los del transporte de mercancías, sector de gran
relevancia económica, que se encuentra afectado por la crisis, se verán obligados a dejar las autovías, si pasan a ser de pago y circularán por carreteras secundarias, mucho más peligrosas por sus características técnicas, con lo que aumentará la siniestralidad vial, conllevando importantes costes materiales y, lo que es mucho peor, lesionados y vidas humanas”.
Los motivos por los que  CEA se posiciona radicalmente en contra de la propuesta del Gobierno, son los siguientes:

1. Fiscalidad
El Gobierno perjudica con esta medida la economía de los españoles, que precisan del uso de su vehículo para desplazarse a sus puestos de trabajo, perjudicando seriamente a quienes, además, no disponen de medios económicos suficientes para cambiar su vehículo antiguo por uno más actual y, por tanto, menos contaminante.

2. Detrimento al sector del transporte y turismo
Se suma un nuevo varapalo al sector del transporte y turismo, siendo dos de los sectores esenciales y fundamentales para la economía de España.
¿Acaso el Gobierno pretende que los turistas nacionales o extranjeros, refrenen sus intenciones de viajar en automóvil?
¿Quiere el Gobierno seguir lastimando el sector del transporte por
carretera que ha demostrado, sobre todo en tiempos de pandemia, que son altamente necesarios.

Desde CEA, se espera que el Gobierno recapacite en su pretensión, y busque no dificultar la movilidad de los automovilistas españoles, recordándole que los sectores del automóvil, transporte y turismo son esenciales para nuestra economía.

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