El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) lamenta la oportunidad perdida que supone la ausencia de presupuestos generales de 2024 para hacer cumplir la Ley de Dependencia, aumentando la partida destinada a financiar estas ayudas.
Tras conocer los datos del XXIV Observatorio de la Dependencia, según el cual cada 13 minutos fallece una persona dependiente esperando la prestación, CEDDD urgía a cumplir la Ley de Dependencia y blindar la financiación para las ayudas en este ámbito en los próximos PGE, de forma que el coste total fuera asumido a partes iguales por Gobierno central y gobiernos autonómicos.
«Dos días después, nos encontramos con la noticia de la prórroga de los PGE de 2023, lo que implica que las comunidades tendrán que seguir asumiendo el peso de la financiación para garantizar los apoyos a personas dependientes y sus familias, y que no se adoptarán nuevas iniciativas para paliar los datos demoledores que arrojó el citado informe».
Por ello y «teniendo en cuenta que todavía hay cerca de 300.000 personas en situación de desatención y que todas las previsiones apuntan a un envejecimiento de la sociedad», CEDDD reclama que se adopten medidas urgentes para garantizar estas prestaciones, para reducir las listas de espera y para acabar con las desigualdades por cuestión de territorio.
«No podemos esperar al fin de la legislatura para atender estas cuestiones, como pretende el ministro Bustinduy, porque estamos hablando de la vida de las personas y tal y como está planteado el sistema actualmente, no permite un acceso igualitario a las ayudas», ha indicado la vicepresidenta de CEDDD, Mar Ugarte.
En este sentido, CEDD reitera la necesidad de un Pacto de Estado por la Dependencia, y reformular el sistema desde un punto de vista nacional, de forma que se pueda garantizar la prestación de las ayudas en igualdad de condiciones, y de simplificar las fórmulas de solicitud de ayudas, para facilitar su acceso a las personas que lo necesiten.
En el mismo orden, Ugarte ha insistido una vez más en la necesidad de elevar al 2% del PIB la inversión estatal destinada a la Dependencia como única vía para garantizar la prestación de un servicio de calidad. «Porque sin financiación es imposible invertir en mejoras», ha indicado.
