Casi seis meses después de su llegada al Palacio de Santa Cruz, José Manuel Albares encara el 2022 sin haber conseguido resolver la crisis diplomática con Marruecos, como ha quedado de manifiesto en la última semana tras el nuevo rifirrafe entre ambos gobiernos, esta vez por la gestión de la COVID-19.
Nada más tomar el relevo a Arancha González Laya al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Albares dejó claro que su intención era revertir la peor crisis con el reino vecino desde la del islote Perejil en 2002 aunque mantuvo la línea de su predecesora de total discreción en lo relativo a Marruecos.
Pronto llegaron «señales positivas» desde Rabat, en forma de un discurso del rey Mohamed VI en agosto, en el que expresaba su intención de «inaugurar una nueva etapa inédita» en la relación bilateral sustentada en «la confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos».
Pero en los meses sucesivos la forma de actuar de Marruecos ha puesto en duda esta voluntad de dejar atrás «una crisis inédita», como reconoció el monarca alauí, motivada por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por motivos humanitarios y también por la negativa del Gobierno a reconocer el Sáhara Occidental como marroquí.
Así, además de mantener cerradas las fronteras con Ceuta y Melilla, las autoridades marroquíes han dado luz verde a la instalación de una piscifactoría en las inmediaciones de las islas Chafarinas, lo cual motivó la queja del Gobierno español mediante una nota verbal tras constatar la actuación en lo que son aguas españolas «sin los permisos necesarios para esa actividad».
A esto se suma también el contrato firmado recientemente por Marruecos con la empresa israelí Ratio Petroleum Energy para explorar la búsqueda de petróleo y gas en la costa saharaui cercana a Dajla, si bien el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que Exteriores le ha garantizado que el proyecto no colisiona con las aguas canarias.
NUEVO RIFIRRAFE CON RABAT
El último revés ha llegado en forma de comunicado del Ministerio de Salud marroquí, tan solo unos días después de que el propio Albares dijera que «la crisis ha quedado atrás». El texto sostiene que España es una «amenaza» para la población marroquí debido a la «ausencia del cumplimiento de los protocolos sanitarios contra la COVID-19», tras denunciar que se habían detectado algunos positivos en vuelos privados procedentes de suelo español.
Rabat justificó así su decisión de organizar vuelos de repatriación para marroquíes que han quedado varados fuera del país tras la suspensión de los vuelos con motivo de la variante ómicron el 29 de noviembre desde Portugal, entre otros países, y dejó claro que por el momento los vuelos con España no se reanudarán.
Albares se apresuró a dejar claro que el comunicado «no es aceptable y no tiene una base objetiva», refutando las críticas marroquíes, al tiempo que dijo que se trasladará este extremo a Marruecos, sin que desde Exteriores hayan dado más detalles sobre los contactos mantenidos amparándose en la necesaria discreción en materia diplomática.
Al margen de eso, el ministro sigue sin haber mantenido un encuentro bilateral con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, con el que solo hay constancia de que ha mantenido dos conversaciones telefónicas en estos meses, y la embajadora marroquí en Madrid, Karima Benyaich, llamada a consultas el 18 de mayo en plena entrada masiva de migrantes en Ceuta aún no ha regresado.
RELEVO DE EMBAJADORES
La crisis con Marruecos tiene además una ‘víctima colateral’, el embajador español en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner. Este veterano diplomático, que entre 2002 y 2011 fue secretario general de la Casa del Rey, ocupa el cargo desde junio de 2015.
Aunque el mandato de los embajadores no tiene una duración estipulada y está sujeto a la decisión del ministro de Exteriores de turno, en general estos suelen permanecer en este puesto entre unos tres o cuatro años, si bien se dan excepciones.
En el caso de Díez-Hochleitner, nombrado con Gobierno del PP, fue mantenido en el puesto con la llegada del PSOE y tras la crisis surgida con Rabat parece que se ha considerado que no sería lo más acertado un relevo por ahora.
De hecho, esta embajada no figura en el listado de las que deberán cambiar de titular en el próximo año. Albares ha publicado ya el llamado ‘embabombo’, las embajadas a las que pueden optar los diplomáticos en 2022 y que en esta ocasión serán un total de 30, entre las que figuran varias europeas así como otras como Brasil.
No obstante, el ministro ha dejado fuera de esta lista otra veintena de plazas de mayor calado por la importancia política que revierten estos puestos, entre las que figuran Estados Unidos, Alemania, Italia o la OTAN, así como Argelia y Marruecos.
EMBAJADORES POLÍTICOS
Tampoco está en esa lista la de la Santa Sede, para la que Albares ya ha confirmado que hay una candidata –a falta aún del plácet– la exministra de Educación Isabel Celáa, quien seguiría los pasos del también exministro José Manuel Rodríguez Uribes, nombrado nuevo embajador ante la UNESCO a mediados de octubre.
De confirmarse este nombramiento, serían seis los ‘embajadores políticos’ del actual Gobierno, «un número que está por encima de lo que venía siendo la media y nos preocupa», reconoce a Europa Press el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Carlos Medina.
Desde esta asociación mayoritaria entre los diplomáticos ya han transmitido recientemente su malestar por la decisión de poner a dos políticos al frente de Casa Árabe y Casa Mediterráneo, los socialistas Irene Lozano y Andrés Perelló, respectivamente. Medina reivindica que entre los diplomáticos «hay candidatos de sobra» para ocupar estos puestos, algunos de ellos «especializados».
REGLAMENTO DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA
En este sentido, y en relación con el funcionamiento interno del Ministerio, una de las tareas que también le ha quedado pendiente para 2022 a Albares es el nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática, que inicialmente se esperaba que estuviera completado antes de final de año.
«Es importante que se apruebe el próximo año», reconoce el presidente de ADE, subrayando que el nuevo reglamento –el de 2014 con José Manuel García-Margallo como ministro fue anulado por el Tribunal Supremo en 2017– dará «más seguridad y previsibilidad» a los diplomáticos a la hora de optar a puestos, incluidos a los embajadores, como sucede en otros países, aunque admite que en último término los nombramientos son a discreción del ministro.
Exteriores también deberá sacar adelante en 2022 la nueva Ley de Cooperación Internacional, cuyo anteproyecto de ley estará ya listo antes de que termine el año, según ha adelantado Albares, que espera que el texto llegue a las Cortes en abril y se pueda aprobar para junio.
El ministro termina el año con su equipo completamente renovado, tras el cese el 21 de diciembre del secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, el único alto cargo nombrado por González Laya que seguía en su puesto.
Su cese ha estado rodeado de polémica porque aunque Albares no ha querido confirmar supuestas desavenencias con el que era su ‘número tres’, esgrimiendo que el cambio busca preparar mejor la Presidencia de la UE en el segundo semestre de 2023, se ha sabido que no ha querido respaldar su candidatura para optar a enviado especial de la ONU para Chipre ni tampoco aceptar su salida a cambio de una embajada europea.
