La defensa de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, el abogado José Antonio Choclán, ha aportado en el juicio un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que acredita que superó las asignaturas del máster que realizó en 2012 y el Trabajo de Fin de Máster (TFM), así como un pendrive que contiene una copia de la agenda como delegada del Gobierno en Madrid de 2012, cargo previo a ostentar el mandado de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, acompañada por su letrado y con semblante serio, Cifuentes no ha querido realizar declaraciones a los periodistas concentrados en las puertas y se ha limitado a pedir que la dejaran pasar.
La exdirigente popular, al frente del Gobierno regional entre 2015 y 2018, se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de falsedad documental. Se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de prisión.
Además de Cifuentes, se juzgará a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. Rosado ha sido la primera en declarar, ratificando la falsificación del acta a instancias de «presiones» por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álarez Conde y Feito. Se espera que Cifuentes declare a lo largo de la mañana.
En las cuestiones previas, Choclán ha detallado que el pasado viernes se aportaron nuevos medios probatorios de cara a la celebración de la vista. En primer lugar, un pendrive que contiene una copia de la agenda de Cifuentes en su época como delegada de Gobierno en Madrid y en concreto del año 2012 para acreditar la realización del curso.
De igual modo, ha presentado un certificado académico aportado por la propia URJC que verifica que la exlíder madrileña superó las asignaturas del curso de postgrado que realizó.
La representante del Ministerio Fiscal ha solicitado que se de traslado del informe del análisis del pendrive a la Policía Judicial de la Fiscalía de Madrid para que sea contrastado. El tribunal de la Sección 15 ha acordado admitir la práctica de la prueba a pesar de que el abogado de la URJC se ha opuesto a la misma al considerar que desvirtúa la versión de Cifuentes.
El juicio ha arrancado con la declaración de la exdirectora del máster Cecilia Rosado, a quien se la pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión. Se trata de una pena inferior a la de Cifuentes porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel.
Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.
PRESIONES DE CONDE Y FEITO
La primera en declarar ha sido Cecilia Rosado, quien ha comenzado relatando que dependía jerárquicamente de Enrique Álvarez Conde, fallecido en 2018 y que estaba también acusado en la causa como presunto «urdidor de la trama».
Según su testimonio, su relación se torció en 2014 debido a «un conflicto». Rosado coordinaba en esa época un curso de arbitraje que dependía del Instituto de Derecho Público (IDP), un curso que suponía «un mérito laboral y que le reportaba un complemento económico».
En 2014, el director del curso buscaba alumnos –algo habitual en este tipo de cursos– y Conde lo interpretó como «una traición», echándola del curso, de una revista y del área de Derecho Constitucional. «La relación era muy tensa pero no hay ruptura total. Era un catedrático importante y yo tenía miedo de una ruptura total porque no quería que me perjudicara más en mi vida universitario», ha narrado.
En cuanto al máster de Cifuentes, Rosado ha indicado que no era obligatorio ir a clase y que se daba a los alumnos la posibilidad de evaluarles a través de trabajos. «Podían tener varios métodos. Uno a través del correo y otro se podía llevar físicamente. No recuerdo que se convalidasen asignaturas», ha dicho.
Sobre Cifuentes, ha dicho que no recuerda haberla visto en clase ni recuerda quién la puso las notas ni su defensa del TFM. La semana en la que realizó la defensa, el 2 de julio de 2012, ha apuntado que ese día no estaba en la universidad al estar preparando una ponencia de un curso de verano, algo que suele realizar en su casa.
Además, ha declarado que ella preparaba las actas del curso y Conde se encargaba de las firmas. «No tenía acceso al expediente ni a todas las notas de todas las asignaturas. Todo se guardaba dos años y se procedía a la destrucción», ha agregado.
La acusada ha narrado una conversación con Conde a raíz de que saliera la noticia en ‘diario.es’ que destapó el asunto. «Me comentó; Cecilia, hay que arreglarlo. Empiezan las llamadas y me dice que iba a haber consecuencias graves a nivel laboral y que había que hacer lo que sea. Son llamadas previas a la rueda de prensa», ha dicho.
«Me llamó ese día veinticuatro veces y hubo quince SMS. Me dijo que había que poner un tribunal y las personas. Me pongo muy nerviosa y me dice que es la única opción. Y que no hay nada que hacer», ha relatado.
Rosado también recibió quince llamadas de la exasesora de Educación y acusada María Teresa Feito y cinco SMS. En las primeras le comentaba que el TFM tenía que aparecer y en las siguientes, que había que hacer un trabajo y le pidió que le buscara bibliografía.
Así, se dispuso a realizar el acta en la que tardo cerca de tres horas al estar «muy nerviosa» por lo que estaba sucediendo siendo indicada con los nombres de las profesoras que debía poner como miembros del tribunal; Clara Souto y Alicia López de los Mozos.
«Cuando confecciono el acta estoy en mi casa, y Alicia me enseña la firma por faceTime y me da el OK cuando la hago», ha explicado agregando «era asesora del Gobierno de Madrid. «Entendí que… Estuve presionada», ha aseverado y ha recalcado a continuación que tenía «miedo». «Cifuentes os va a matar», le advirtió Feito.
Además, ha relatado una conversación con Conde en el que le acusó de haberla presionado y en la que éste lo reconoció, indicando que le pidió que firmara un documento reconociendo que le había pedido falsificar el acta y que ha sido mostrado en la Sala.
