Cinco vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suscriben un duro voto particular en el que discrepan del acuerdo alcanzado por la mayoría de este órgano el pasado jueves respecto de los planes de reforma de este órgano impulsados por el Gobierno, en el que acusan a sus compañeros de alinearse con el PP e incurrir en «deslealtad a España» por señalar que la tramitación de dicha reforma viola el Derecho Europeo.
El acuerdo, según los vocales designados a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y la vocal patrocinada por IU Concepción Sáez es «una confrontación gratuita, infundada e impropia en términos constitucionales y de separación de poderes, contra la Mesa del Congreso de los Diputados», según señala el documento que ha tenido acceso Europa Press.
El acuerdo criticado por estos vocales se adoptó en un Pleno Extraordinario del CGPJ el pasado jueves, que por 16 votos frente a 5 acordó solicitar a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de tramitar de forma urgente la propuesta de ambos partidos para limitar los nombramientos discrecionales que puede hacer este órgano estando en funciones, al tiempo que volvía a instar a todas las fuerzas parlamentarias a renovar «a la mayor brevedad» el órgano de gobierno de los jueces, que lleva dos años caducado.
A juicio de los vocales progresistas, sin embargo, el CGPJ pierde con esta declaración toda apariencia de imparcialidad, «pues refleja una falta de respeto por el ámbito propio de las competencias y de la legitimidad del Poder Legislativo, interfiriendo en el debate parlamentario».
«Tal parece que este órgano constitucional se alinea, como coadyuvante o postulante, con la estrategia política y parlamentaria de quienes están bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o tienen una gran responsabilidad en ello», añaden en clara referencia al Partido Popular.
Además, para estos vocales insinuar «siquiera remotamente» que el Congreso de los Diputados o las Cortes Generales -al tomar en consideración y tramitar una proposición de Ley- incurren en violación del Derecho Europeo y de los Tratados de la Unión Europea, convierte a España «en merecedora de sufrir el mecanismo fiscalizador, sancionador y de suspensión de derechos como miembro de la Unión, previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), es una deslealtad a España», tal y como fue advirtieron estos vocales durante el debate del pasado jueves.
El acuerdo de sus compañeros es además, a criterio de estos vocales, contradictorio con los actos propios de este Consejo, «que con su actitud pierde toda apariencia de imparcialidad».
«Con afirmaciones tales, tal como hemos advertido en el Pleno, el Consejo parece intentar acompañar, o contribuye de manera objetiva a acompañar, la campaña de desprestigio contra nuestro país ante las instituciones europeas, que determinados agentes políticos de distinto signo vienen realizando de forma irresponsable», insisten en el escrito, que extiende sus reproches a lo largo de catorce páginas.
Según los discrepantes, el CGPJ no tiene además entre sus competencias la ordenación de los debates parlamentarios, ni de los tiempos o trámites de las iniciativas legislativas, ni el gobierno de la Cámara, ni la interpretación de su Reglamento, ni es tampoco nadie para indicarle «a quiénes o qué sectores sociales, agentes y operadores jurídicos han de oír, o cómo se deben organizar las relaciones del Parlamento con los diversos agentes sociales en los procedimientos legislativos».
Recuerdan en este punto que, de hecho, el órgano de gobierno de los jueces no tiene competencia para emitir pronunciamientos sobre Proposiciones de Ley, salvo que así se lo haya instado discrecionalmente el Congreso de los Diputados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 561 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
EL SISTEMA TIENE GARANTÍAS
Agregan que lo cierto es que el CGPJ no tiene el monopolio de la interpretación constitucional, ni sus opiniones fuerza vinculante alguna; y que el sistema tiene garantías suficientes para la realización del control de constitucionalidad de leyes.
El único acierto del escrito de sus compañeros «y no con la intensidad necesaria», lo ven en el último párrafo de la resolución, en el que la mayoría traslada que en el trasfondo de este asunto está la excesiva prolongación de la prórroga del mandato de este Consejo e instan a las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales para que acuerden su renovación a la mayor brevedad.
En este punto, los discrepantes recuerdan que renovar en el plazo legal las altas instituciones del Estado, y en concreto, el Consejo del Poder Judicial «es un imperativo constitucional, un derecho-deber de las Cámaras, Congreso y Senado, tal como en reiteradas ocasiones ha afirmado el Tribunal Constitucional».
Por ello, insisten en que obstaculizar dicha renovación «es un grave atentado a la estabilidad del sistema democrático español, que contribuye al desprestigio de las instituciones democráticas y de los órganos constitucionales, y constituye un intento artero e irresponsable de manipulación del Consejo General del Poder Judicial, de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial».
ESPAÑA NO ES POLONIA
En otro de los puntos de su voto, argumentan que afirmar como se dice en la resolución, que el Congreso de los Diputados desatiende las mencionadas recomendaciones de la Comisión Europea, «es situar a España a la altura de Polonia, acusando e imputando a nuestro país de provocar graves amenazas sistémicas al Estado de Derecho, lo que resulta ser una agresión desleal e intolerable a nuestras instituciones democráticas y a los Poderes del Estado».
«España no es Polonia», destacan en mayúsculas, y en este punto se refieren a determinada prensa, al aludir a lo que dicen «los que se prestan con tanto entusiasmo a jalear desde sus editoriales» la decisión de la mayoría en este órgano.
Así, se preguntan si lo que dicen sus compañeros supone considera que el parlamento español está totalmente deslegitimado para legislar. «No es de extrañar que Acuerdos del CGPJ como el denunciado, que acusan a nuestro país de generar un riesgo sistémico contra el Estado de Derecho situándolo al nivel de Polonia, generen alarma social, inciten a la crispación», afirman.
Por todo ello concluyen que lo que se precisa en este momento es, muy al contrario, «preservar al CGPJ del debate político, y emitir un mensaje claro y rotundo en favor de la renovación, contribuyendo positivamente al cumplimiento de la Constitución».
