La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declarará ante el juez este viernes a las 10.30 horas como investigada por presunta malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades sociales.
El juzgado de Instrucción 21 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abrió un procedimiento contra Colau tras aceptar la querella que la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) presentó en diciembre y Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación.
Tras conocerse su citación, Colau defendió que los hechos por los que se la investiga ya los archivó Fiscalía en julio de 2021, tras abrir una investigación por hechos similares, en los que el Ministerio Público descartó irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades.
La primera edil aseguró que estaba tranquila y dispuesta a colaborar con la justicia y cuestionó quién hay detrás de la entidad que ha interpuesto la querella, puesto que «no se conoce actividad, quienes son, ni como se financia», y ve intencionalidad política tras la denuncia.
«Me da rabia que se quiera criminalizar a unas entidades sociales y quererlas mezclar con corrupción cuando lo que es la corrupción son grandes empresas con ánimo de lucro que compran políticos y técnicos para tener acceso a contratos públicos. Esto es corrupción», argumentó Colau.
Algunas de las entidades señaladas por recibir presuntas subvenciones son el Observatori DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Barcelona y Aigua és Vida, entre otras, que ven en la querella una intención de «desprestigiar a las entidades y movimientos sociales que incomodan».
RECURSO RECHAZADO
La defensa de la alcaldesa ve «mala fe procesal» en la querella, de la que asegura que oculta que la Fiscalía archivó los mismos hechos por los que se la investiga ahora, lo que ha provocado que la justicia actuara con normalidad y que citara a declarar a la alcaldesa, según explicó el abogado Àlex Solà.
Por eso, la defensa presentó un recurso pidiendo al juez que archivara el caso, argumentando que no hay «ningún indicio material» contra ella, y tramitó hasta ocho informes técnicos para que el juez dispusiera de toda la información necesaria antes de la declaración.
El juzgado de instrucción 21 de Barcelona rechazó el recurso alegando en su resolución que el hecho de que la fiscalía archivara una denuncia similar no impide que se abra una investigación.
Apunta que «el auto de admisión lo único que hace es dar inicio a una investigación cuando entiende el juzgador que existen unos hechos que presentan indiciariamente los caracteres de delito, no implicando nada más», de manera que mantuvo la citación de Colau para este viernes.
CÓDIGO ÉTICO
Desde el primer momento, Colau descartó dimitir por esta cuestión siguiendo el código ético de su formación, BComú, que obliga a dimitir a quien sea imputado por un caso de corrupción con ánimo de lucro, y defendió su presunción de inocencia y la del Ayuntamiento.
En ese sentido, aseguró que no debe dimitir porque ella no se ha beneficiado personalmente con dinero público: «Estoy tan convencida de la inocencia y defenderé tanto el buen nombre de las entidades, que estoy convencida de que no hay caso».
