La Fiscalía solicita hasta 41 años de prisión, mientras que las acusaciones populares piden prisión permanente revisable
MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) –
La Audiencia Nacional comienza este martes a juzgar a los tres acusados de formar parte de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 de agosto de 2017 y que dejó 16 fallecidos y cientos de heridos en las calles de Barcelona y Cambrils (Tarragona).
La sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares albergará la veintena de sesiones previstas de este juicio que se celebrará más de tres años después del atentado y que se alargará hasta diciembre.
La Fiscalía solicita para Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza penas que van desde los 8 años a los 41 años por delitos entre los que no se incluye el de asesinato. Considera los acusados no participaron directamente en los atentados aunque pertenecieran a la célula yihadista responsable de los mismos, un criterio que discrepa con el de las acusaciones populares.
Los seis supuestos autores tanto del atropello masivo en la Rambla de Barcelona como en el paseo marítimo de la localidad tarraconense de Cambrils murieron abatidos por agentes de los Mossos d’Esquadra la misma noche o en días posteriores.
PERTENECÍAN AL «ENTORNO» DEL IMÁN DE RIPOLL
El Ministerio Público en su escrito de acusación provisional afirma que los acusados –en prisión preventiva desde que fueron detenidos hace tres años– se encontraban en el «entorno» del imán de Ripoll (Barcelona) Abdelbaki Es Satty, que falleció un día antes en la explosión de una vivienda en Alcanar (Tarragona) donde se preparaban los explosivos para atentar en Barcelona.
Señala que el acusado Mohamed Houli Chemlal, que resultó herido por la explosión de Alcanar, y para quien se solicita la pena más alta por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, y conspiración para cometer estragos terroristas, «formó parte de una célula criminal local seguidora de los postulados de la organización terrorista Estado Islámico reunida en torno a la figura del fallecido imán que fue de las comunidades ‘El Fath’ y ‘Annour'», de Ripoll.
En este sentido, añade que «mantenía» con el imán una «buena relación de amistad» y que comenzó a «mostrar interés por el islam y a asistir también regularmente a la mezquita». El escrito explica que esta relación comenzó a través de los «hermanos mayores» miembros de la célula terrorista.
En primer lugar Youssef Aalla, Younes Abouyaaqoub y Mohamed Hichamy fueron «adoctrinados en el yihadismo radical» por Es Satty en su domicilio de Ripoll, «justificando el uso de la violencia extrema en nombre del Islam, transmitiendo este ideario fanático al resto de los miembros», dice la fiscal. Posteriormente, «atrajeron al grupo criminal a los pequeños», Omar Hichamy, Mohamed Houli Chemlal, Said Alla, Moussa Oukabir y El Houssaine Abouyaaqoub.
AYUDA PARA «DERRUMBAR LA SAGRADA FAMILIA Y OTROS MONUMENTOS»
Así, «a finales de mayo de 2017 coincidiendo con la festividad del Ramadán, los «mayores» convocaron al resto de los miembros del grupo a una reunión en un parque de Ripoll, donde les comunicaron que «necesitarían su ayuda para derrumbar la Sagrada Familia y otros monumentos emblemáticos de la ciudad de Barcelona con explosivos que iban a preparan», concreta la fiscal.
En el caso de Oukabir, la fiscal solicita 36 años de prisión por los mismos delitos que Houli Chemlal, ya que estaba «plenamente asentado» en la célula terrorista en la que se integró «a mediados de 2017». Subraya que Driss Oukabir estaba «aislado de su entorno habitual y dispuesto para la consecución de sus fines», lo cual se demuestra con su participación en el «traslado de sustancias explosivas» desde la vivienda del imán hasta Alcanar y con alquiler de furgonetas.
El tercero de ellos, Ben Iazza se enfrenta a la menor petición de pena, 8 años por colaboración con la célula, por prestar a Younes Abouyaqoub una furgoneta que era propiedad de su tío, que utilizaba en su negocio de alimentación, «a sabiendas de que iba a ser usada para la adquisición y transporte de productos químicos».
El escrito de acusación de Fiscalía también señala que prestó su documentación personal, para ocultar la verdadera identidad del comprador de los productos químicos, «con la finalidad de ayudarles en la consecución de sus fines de hacerse con los precursores necesarios para la elaboración de sustancias explosivas».
PETICIONES DE LAS ACUSACIONES POPULARES
Por su parte, tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, ambas acusaciones populares, solicitan penas de prisión permanente revisable para dos de los tres presuntos miembros de la célula terrorista que cometió los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017.
A diferencia de Fiscalía, la AVT pide esta condena para Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal por 15 asesinatos cometidos en el atropello de la Rambla de Barcelona y en el paseo marítimo de Cambrils. La Asociación 11M Afectados del Terrorismo también incluye los asesinatos en su escrito de conclusiones provisionales.
Por este delito, la AVT reclama para los dos acusados la máxima pena prevista, prisión permanente revisable. Es la primera vez que una acusación solicita esta condena en la Audiencia Nacional, ya que desde que se reformó el Código Penal en 2015 no se han producido, salvo el de los atentados de Barcelona y Cambrils, casos en los que se contemplen peticiones de este tipo.
La asociación les reclama además más de 2.800 años a cada uno por delitos de integración en organización terrorista, 150 delitos de asesinato terrorista intentados, depósito de explosivos, estragos terroristas y lesiones. También pide que tengan prohibido acudir a Barcelona y Cambrils en un período de 10 años a iniciar desde su excarcelación.
Para el tercer procesado, Said Ben Iazza –quien fue detenido meses más tarde de los atentados en Castellón–, la AVT solicita en su escrito de conclusiones provisionales una condena de 25 años de cárcel por colaboración con organización terrorista y depósito de explosivos.
También les acusa de asesinatos terroristas la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, colectivo que aparte de ejercer acusación popular también representa a 73 víctimas de los atentados. Como acusación particular, estos afectados piden igualmente para los procesados prisión permanente revisable por los asesinatos cometidos en Barcelona y Cambrils.
EL RELATO DE LOS HECHOS
Salvo la diferencia en los tipos penales atribuibles a los acusados, el relato de hechos de Fiscalía y acusaciones no difiere en lo fundamental: en 2015 se constituyó una célula yihadista con la finalidad última de perpetrar un atentado terrorista en España y que estaba formada por jóvenes de origen marroquí residentes en la localidad gerundense de Ripoll.
El ‘cabecilla’ y líder espiritual era Abdelbaki Es Satty, el imán que falleció en la explosión de la vivienda de Alcanar un día antes de los ataques donde la célula hacía acopio de decenas de bombonas de butano para atentar. Esta deflagración, en la que resultó herido Houli, fue el detonante que hizo que los jóvenes cambiaran sus planes y decidieran llevar a cabo el atropello en la Rambla.
Fiscalía y acusaciones sitúan a Oukabir y Houli en la casa de Alcanar y en el traslado hasta allí de sustancias explosivas. Al primero se le relaciona con el alquiler de la furgoneta que luego se utilizó para el atropello en Barcelona. Mientras, a Said Ben Iazza se le acusa de prestaruna furgoneta que era propiedad de su tío.
