La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de cárcel a un hombre que grabó 26 vídeos de cuatro mujeres a las que había alquilado su piso de Santander en agosto de 2022 a través de la plataforma ‘Airbnb’ y en el que había instalado cuatro cámaras, en el baño y en uno de los dormitorios. En las imágenes aparecían escenas íntimas de las víctimas en diferentes horas y durante dos días.
El acusado, de 35 años, ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena en el juicio contra él, celebrado este lunes en la Sección Tercera de la AP con conformidad de las partes.
Ha sido condenado por cuatro delitos de revelación de secretos (año y medio de prisión) y uno de allanamiento de morada (seis meses de encarcelamiento), y también al pago de multas que suman 4.320 euros. Además, no podrá comunicar ni acercarse a menos de 500 metros de las afectadas durante tres años y nueve meses.
Tras la vista –que se iba a desarrollar con tribunal del jurado pero que ha llegado a constituirse al haber acuerdo entre las acusaciones (ministerio fiscal y particular) y la defensa– se dictará sentencia, sobre la que la magistrada ha decretado ya la firmeza, al comprometerse todas las partes a no recurrirla.
Según el escrito suscrito por la fiscal y los letrados, el enjuiciado -que no tenía antecedentes penales- entró en el domicilio una madrugada, sin autorización de las inquilinas, y se escondió en una habitación que estaba excluida del contrato de alquiler, para recoger las cámaras que había colocado previamente. Fue descubierto por las mujeres, que le denunciaron.
Una vez detenido y antes de conocerse que había realizado grabaciones, el acusado facilitó a los agentes la figura de desbloqueo de su móvil, con lo que pudieron encontrar los vídeos, que estaban almacenados en el teléfono.
Antes de la vista oral el implicado ha consignado 3.000 euros para resarcir el perjuicio moral ocasionado, y de cara a la condena se le han aplicado las atenuantes de confesión y de reparación del daño. Asimismo, ha sido condenado al pago de las costas, incluidas las de la acusación particular que están fijadas en 3.000 euros.
