La menor quedó embarazada y fue sometida a una intervención quirúrgica para interrumpirlo.
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha confirmado la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia el pasado noviembre que condenaba a un hombre por un delito continuado de agresión sexual a su hija menor de edad a la pena de 15 años de prisión y seis años de libertad vigilada.
La resolución considera probado que durante un año y medio el acusado, «de forma persistente y reiterada en el tiempo y guiado por el ánimo de satisfacer su deseo sexual», sometía a su hija, desde los 13 años, a tocamientos en sus partes íntimas, llegando a penetrarla vaginalmente o con sus dedos, informaron fuentes del TSJMU en un comunicado.
Algo que, según los hechos declarados probados, ocurría en el domicilio familiar aprovechando que la esposa del acusado y madre de la menor salía a trabajar. Hechos por los que la menor quedara embarazada y, posteriormente, fue sometida a una intervención quirúrgica de interrupción del embarazo.
La sentencia impone también al acusado la prohibición absoluta de aproximación a la víctima –a su domicilio, lugar de estudio o trabajo o cualquier lugar donde se encuentre– a una distancia de menos de 100 metros, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 15 años.
Además, también condena al acusado a abonar 60.000 euros a la víctima, y establece la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de cinco años superior al de la duración de la pena de privación de libertad.
Con la resolución de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia notificada este lunes se desestima el recurso de apelación presentado por la representación procesal del acusado, por el que solicitaba una nueva sentencia que, apreciando las atenuantes de confesión y reparación del daño, redujera la pena impuesta en lo correspondiente, fijando la responsabilidad civil en la suma de 15.000 euros.
Los magistrados entienden que no puede aplicarse la atenuante de confesión porque «nos enfrentamos a una confesión no solo tardía (solo exteriorizada en el acto de la vista oral) sino, además, forzada por el acopio de acervo probatorio de cargo recopilado durante la fase de instrucción y propuesto y aportado al acto de la vista oral».
En tales condiciones, añade la resolución, «dicha confesión no supone ninguna real colaboración a la investigación y descubrimiento de los hechos, ni ahorro de costes ni tiempo a la Administración de Justicia».
Alegaba el recurrente también el efecto atenuatorio que, a su entender, habría de darse al esfuerzo de reparación realizado por el aquél, consistente en el pago anticipado de 2.000 euros a cuenta de la responsabilidad civil, más la promesa de entrega del 60% de los ingresos que obtuviera durante su estancia en el centro penitenciario en que el recurrente permanecía ingresado, más lo que califica de «reparación en especie» que ha de otorgarse a su confesión.
Algo que la Sala rechaza con rotundidad, al explicar que no procede la aplicación de la atenuante, no sólo porque la reparación económica efectiva que alcanza solo un 3% del importe de la responsabilidad fijado en sentencia, sino porque además, desde una perspectiva de política criminal y atendiendo al fundamento de este atenuante, «ni tan escueto pago, ni la promesa de entrega de futuros e hipotéticos ingresos, ni tampoco siquiera una tan tardía confesión de la autoría, mitigan el dato objetivo de la muy escasa potencialidad reparadora que debemos otorgar a la suma consignada para la reparación y curación de los devastadores daños de toda índole que la acción delictiva ocasionó».
Por último, la Sala también rechaza aminorar la cuantía de la indemnización impuesta haciendo suya la determinación de la sentencia apelada teniendo en cuenta las consecuencias sicológicas que el delito ha provocado en la menor, «atendidas su edad y vulnerabilidad y la naturaleza e intensidad vejatoria de los hechos ejecutados por el ahora recurrente, y traducen un tan intenso daño moral a términos económicos en una cuantía que estimamos proporcionada a aquél». Frente a esta resolución cabe recurso de casación.
