Cantabria, Murcia, Canarias y Baleares han suprimido de sus Estatutos de Autonomía los aforamientos para sus diputados autonómicos y miembros del gobierno regional que, a partir de ahora, podrán ser juzgados por tribunales de justicia ordinarios. Estas modificaciones han llegado antes que la reforma de la Constitución que prometió en 2018 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para eliminar los fueros a nivel nacional.
La última autonomía en sumarse ha sido Cantabria después de que el Pleno del Congreso aprobara este jueves, con 319 votos a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones, la reforma del Estatuto de Cantabria para suprimir los aforamientos, habiendo así finalizado ya su trámite en la Cámara Baja.
Ahora, la iniciativa pasa al Senado, donde se reproducirá el debate de enmiendas, y si ahí no hay cambios la norma irá directa a su publicación y entrada en vigor, presumiblemente esta primavera, tras haber sido aprobada por el Parlamento cántabro en diciembre de 2017.
Este trámite en la Cámara territorial ya lo ha superado la Región de Murcia que este miércoles aprobó la suspensión de estos privilegios jurídicos con 227 votos a favor, ninguno en contra y 30 abstenciones.
Así, este cambio en el Estatuto murciano se hará efectivo una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la modificación de los artículos 25 y 33 de su norma autonómica, de tal manera que los diputados regionales y el Consejo de Gobierno seguirán protegidos en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria y política, pero no estarán excluidos de la jurisdicción ordinaria por aquellos asuntos que, ajenos a su normal desempeño parlamentario, les impliquen de forma directa en procedimientos judiciales de cualquier ámbito jurisdiccional.
Su camino legislativo también comenzó en el año 2017 en la Asamblea Regional, pero su toma en consideración fue aprobada el 11 de febrero por el Pleno del Congreso. De esta forma, Murcia se ha convertido en la segunda autonomía en suspender este privilegio, a pesar de haber sido la primera en dar el paso, ya que Canarias consiguió primero la aprobación en las Cortes.
Fue en octubre de 2018 cuando el archipiélago superó los trámites parlamentarios y se hizo efectiva la reforma de su texto fundamental en este sentido. De esta forma, la supresión se hizo efectiva en las elecciones autonómicas que se celebraron en mayo de 2019.
Al igual que Murcia y Cantabria, Baleares inició los trámites para eliminar los aforamientos de su Estatuto de Autonomía en la pasada legislatura y también se vio paralizada por la convocatoria de elecciones de 2019. Si bien la propuesta del archipiélago balear obtuvo el respaldo de todos los grupos en la Cámara Baja, está a la espera de que se recupere la tramitación.
LA PROMESA DE SÁNCHEZ
Un acto convocado para hacer balance de los primeros 100 días de Gobierno tras la moción de censura, en septiembre de 2018, fue el elegido por Pedro Sánchez para dar a conocer su intención de limitar los aforamientos a los parlamentarios. De esta forma, los diputados y senadores pasarían a ser juzgados por los tribunales ordinarios y no solo por el Tribunal Supremo.
Sánchez explicó que iba a proponer al Parlamento una reforma de la Constitución para eliminar esta prerrogativa en un plazo exigente: 60 días después de haberse iniciado la tramitación ante las Cámaras.
Tal y como aseguró desde Casa América, la intención de la medida era que los ciudadanos volvieran a creer en la política» porque, según afirmó, se trata de una cuestión que debe ser el «reto común» de todos y cada uno de los partidos.
Tras este anuncio del presidente, el debate sobre el aforamiento de los políticos cobró protagonismo, aunque aquella iniciativa ha quedado aparcada.
