Las familias afectadas por los cortes de luz en la Cañada Real solicitarán mañana la intervención de la Fiscalía Provincial de Madrid al considerar que se está incurriendo en varios delitos como consecuencia de la interrupción del suministro por la sobrecarga que hay derivada de los cultivos de plantaciones de marihuana, ha informado la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en un comunicado.
El escrito se registrará después de que la semana pasada el abogado de los afectados presentara en los decanatos de los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia por la presunta comisión de varios delitos como trato denigrante, lesiones, daño, coacciones para abandonar el asentamiento, entre otros.
Las más de 4.000 personas que llevan tres meses sin electricidad en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real esperan que mañana se restablezca ese servicio elemental.
Después de varias manifestaciones y la petición de la intervención de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, sus asociaciones vecinales acudirán a la Fiscalía de Madrid para demandar su intervención en el caso, al entender que se están produciendo delitos de ámbito penal.
«De entrada, tal y como han denunciado no solo los colectivos vecinales sino el propio Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco Gonzalo, que el 18 de diciembre visitó la Cañada Real, se están vulnerando los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la Convención de los Derechos del niño de las Naciones Unidas», señala el abogado de los afectados.
Se calcula que el corte de luz que padece el barrio por la intervención de la empresa Naturgy con el consentimiento de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid afecta a unos 1.800 menores de edad, algunos de los cuales han tenido que recibir asistencia médica por hipotermia o intoxicación en los días pasados.
Las asociaciones vecinales Sector 5 y Al Shorok-Amanecer y la Asociación Cultural Amal acudirán mañana con un grupo de vecinos y vecinas afectadas a la Fiscalía Provincial de Madrid con el fin de registrar un escrito en el que piden su intervención.
