El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha vivido una semana especialmente convulsa, con sus socios enfrentados por las iniciativas de igualdad, la futura ley de vivienda o los disturbios en las calles tras la entrada en prisión del rapero ‘Pablo Hasél’, y lanzándose acusaciones mutuas de deslealtad y de haber cruzado líneas rojas.
Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió el viernes a desautorizar a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para dejar claro, por un lado, que la de España es una «democracia plena» –tras las dudas de líder ‘morado’ sobre la calidad democrática–, y por otro, que la violencia es «inadmisible», frente a los rodeos de sus socios para condenar expresamente los disturbios en las protestas por Hasél, prefiriendo señalar las cuestiones de fondo de estas protestas.
Sin embargo, a pesar de que las hostilidades y la tensión han alcanzando niveles críticos, ninguna de las partes se plantea romper la coalición. Todos aseguran que «la estabilidad está garantizada», aunque sí admiten que requerirá diálogo.
Tanto en el PSOE como en Unidas Podemos asumen que están ‘condenados’ a entenderse porque no ven otra alternativa para garantizar la gobernabilidad –teniendo en cuenta la fragmentación del parlamento–, y porque tampoco es el momento de sumir al país en un nuevo proceso electoral, con la pandemia del coronavirus todavía golpeando fuerte.
LAS CATALANAS NO ACABARON CON LA CONTIENDA ENTRE LOS SOCIOS
El fin de la campaña de las catalanas, con la celebración de los comicios el pasado domingo 14 de febrero, no ha supuesto el fin de las hostilidades entre los socios, como se preveía; ni siquiera a pesar de que ambos partidos lograron resultados por encima de sus expectativas.
Los socialistas se hicieron con la victoria en votos –y empataron en escaños con ERC– y los ‘morados’ consiguieron aguantar el tipo conservando los mismos diputados. Sin embargo, en lugar de centrarse en sus logros, las dos formaciones no tardaron ni un día en enzarzarse en una nueva bronca.
El mismo lunes por la tarde, el Ministerio de Igualdad que dirige la ‘número dos’ de Podemos, Irene Montero, acusó a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, de estar bloqueando sus leyes LGTBI y Trans para que no puedan ver la luz en el Consejo de Ministros; una acusación que fue contestada por Moncloa, denunciado las «filtraciones» de sus socios.
Y un día después, Unidas Podemos se abstuvo y evitó apoyar por primera vez en el Pleno del Congreso una iniciativa del PSOE: la ley de Igualdad de Trato, que los socialista registrando en solitario, bautizándola como ‘Ley Zerolo’, y generando gran malestar en sus socios de Gobierno.
La tensión fue a más cuando los socialista se enteraron de que desde Unidas Podemos se había contactado con otros grupos para trasladarles sus recelos ante la iniciativa, que consideran una intromisión en las competencias del Ministerio de Igualdad, consecuencia de que Calvo no asume, a su juicio, haber perdido esta cartera.
Si bien este enfrentamiento se suma a los muchos que tienen abiertos, fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press reconocen que las diferencias en torno a las políticas de igualdad y, en concreto, sobre la ley Trans, representan una discrepancia política de calado, la más seria de las que les ocupan ahora y de las que se han producido desde su toma de posesión hace un año.
En el seno de la coalición detallan que los momentos de tensión en el plano ideológico son inevitables entre dos fuerzas diferentes, y abogan por normalizarlos, pero admiten que lo ocurrido con la Ley Trans y Zerolo ha despertado un escenario de mayor confrontación.
PODEMOS DENUNCIA «PREPOTENCIA» DEL PSOE
El mismo secretario general del grupo parlamentario Unidas Podemos, Txema Guijarro, aludía a ello este sábado en una entrevista en RNE, en la que admitía su preocupación por si ese aumento de tensión pudiera afectar a la gobernabilidad, aunque responsabilizaba de ello a cierta «actitud prepotente» del PSOE.
De hecho, ha sido este debate, sobre un tema en el que en teoría debería coincidir dos fuerzas progresistas, el que ha llevado a unos y otros a acusarse de traspasar líneas rojas por primera vez: el PSOE a Unidas Podemos, por no apoyarles en el Congreso e intentar boicotear su iniciativa; y los ‘morados’ a los socialistas, por incumplir de forma clara el acuerdo programático que firmaron hace un año.
SIN APLAUSOS NI DEFENSA DEL PSOE A IGLESIAS
Estas acusaciones cruzadas de deslealtades y traspaso de líneas rojas se visibilizaron claramente durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso del miércoles, en la que los diputados del PSOE evitaron aplaudir las respuestas de Iglesias, y ni Sánchez, ni Calvo le defendieron abiertamente ante las críticas de la oposición.
Esta pelea parece enquistarse cada vez más, y no tiene visos de solucionarse pronto. Pero además, la relación entre los socios se ha tensado aún más con la irrupción en las calles de las protestas a raíz de la encarcelación del rapero Pablo Rivadulla, conocido como ‘Pablo Hasél’, y el hecho de que Unida Podemos haya mostrado su respaldo a los manifestantes, aludiendo a que no les gustan los incidentes y criticando también la actuación policial.
Si la semana pasada los ministros socialistas ya desfilaron para responder a las dudas de Iglesias y los suyos sobre la falta, a su parecer, de una «plena normalidad democrática», esta semana han salido a dejar claro que la violencia no es admisible en ningún caso.
Frente a Unidas Podemos, que ha registrado incluso la petición formal de indulto de Hasél, los ministros del PSOE está defendiendo que hasta que se cambie la ley para mejorar y ampliar la protección de la libertad de expresión, las normas deben cumplirse, y Hasél «tiene un historial», en palabras de Calvo.
DISCREPANCIAS POR LA LEY DE VIVIENDA Y ENMIENDAS AL IMV
A todo esto se suman los reproches de Unidas Podemos al planteamiento del Ministerio de Transportes en la nueva Ley de Vivienda, deslizando que su posición se alinea con la patronal inmobiliaria en lugar de imponer obligaciones a los grandes tenedores de viviendas.
Es más, la crítica se sustenta también en que, a falta de una semana para cumplir el plazo fijado, la Vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Iglesias aún no aprecia una propuesta de reforma del mercado del alquiler, que es uno de los puntos centrales del pacto de coalición y que fue refrendado en el acuerdo sobre los Presupuestos Generales.
También esta semana Unidas Podemos ha registrado una docena de enmiendas al Proyecto de Ley sobre el Ingreso Mínimo Vital para mejorar esta prestación y corregir deficiencias, al entender que el Ministerio que dirige José Luis Escrivá –del ala socialista– llevaba meses sin atender sus planteamientos.
Lo cierto es que los morados no recelan de esas diferencias y apelan a normalizarlas, argumentando que adoptan un papel de ‘garantes’ del pacto suscrito con el PSOE y reiterando que su lealtad se debe a ese acuerdo. Y en más de una ocasión han deslizado que, sin ellos, los socialistas ya se habrían desviado de sus compromisos programáticos.
Por su parte, los socialistas niegan que necesiten un ‘pepito grillo’, reivindican su experiencia de gobierno y su trayectoria como partido histórico de izquierdas, y achacan el comportamiento de su socio minoritario y su costumbre de airear públicamente las discrepancias a su necesidad de hacerse notar y diferenciarse.
