La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto este martes en el que ordena a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que remita «con efectos inmediatos» a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) unas nuevas diligencias de investigación abiertas sobre el Rey Emérito Juan Carlos I.
La Fiscalía General ha informado en un comunicado de prensa sobre este extremo después de que ‘eldiario.es’ publicara que tanto el Rey emérito como su mujer, doña Sofía, y otros miembros de la familia habrían usado unas tarjetas de crédito con cargo a fondos de los que se desconoce su origen y cuyo uso podría comportar delito fiscal.
Fuentes del ministerio público informaron que estas nuevas diligencias penales para averiguar si hubo blanqueo de capitales después de junio de 2014, fecha en la que Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo Felipe y perdió la inviolabilidad, llevan varios meses investigándose. Además, aseguran que estas pesquisas sólo afectan al Rey emérito y a ningún otro miembro de la familia.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ya asumió el pasado mes de junio las diligencias de investigación relativas a las supuestas cuentas bancarias de Jua Carlos I en Suiza a las que habrían ido a parar las donaciones millonarias realizadas por la familia real saudí que podrían provenir de comisiones por la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca a empresas españolas.
Esa investigación ha corrido a cargo del fiscal de Sala del TS Juan Ignacio Campos, quien también se hará cargo de las nuevas diligencias remitidas al Supremo por la fiscal general. Campo está ultimando el informe sobre la donación millonaria de la familia real saudí y pedirá previsiblemente el archivo de la causa, ya que los hechos se produjeron antes de la fecha de su abdicación, periodo en el que era inviolable. No obstante, el fiscal incluirá un duro relato de lo ocurrido que habría supuesto la imputación del Rey emérito, de no encontrarse bajo el amparo de la inviolabilidad establecido en la Constitución.
Además, la Fiscalía General del Estado ha dado traslado a la Inspección Fiscal y pone en conocimiento del Delegado de Protección de Datos una posible fuga de información sobre el contenido de dichos expedientes.
Los movimientos investigados por Anticorrupción en estas nuevas diligencias se corresponderían a los años 2016, 2017 y 2018, posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos, por lo que entonces no contaba con la inviolabilidad de la que disfrutó hasta 2014, año en que se produjo la abdicación en su hijo. Así, la Fiscalía estaría investigando un posible delito fiscal dado que los movimientos de esas tarjetas superan los 120.000 euros en un solo ejercicio.
