La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Real Madrid contra la inadmisión del arbitraje presentada ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), en la que el club blanco instaba a anular la aprobación del Reglamento para la retransmisión en televisión de LaLiga.
En un comunicado, LaLiga informa de que esta sentencia resulta de «especial trascendencia» porque confirma los acuerdos adoptados por el Órgano de Control de la Gestión de Derechos Audiovisuales de LaLiga.
En este sentido, la patronal de clubes recordó que el artículo 8 de la Ley del Deporte de 1990 otorga al CSD la facultad para «la administración del arbitraje y la designación de árbitros» en el caso de que surjan discrepancias en la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales de las competiciones oficiales de fútbol profesional.
Asimismo, que dicho artículo fue introducido por el Real Decreto de Ley de 30 de abril de 2015 de medidas urgentes para la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, en el que se recuerda el contexto de intervención pública para un momento concreto como la atribución de la competencia al CSD en «la administración del arbitraje», comprendiendo la facultad de «inadmitir» el arbitraje que no pueda ser competencia de los árbitros.
Y que el artículo 9 de este Real Decreto de 2015 emplea el término «podrán», lo que faculta al CSD a rechazar la solicitud de arbitraje realizada por las entidades deportivas si entiende que resulta improcedente.
También que el Real Decreto de enero de 2018, por el que se dictan determinadas normas de desarrollo del Real Decreto de abril de 2015, delimita el ámbito del arbitraje en cuanto a que los criterios de reparto de los ingresos y obligaciones entre los participantes en LaLiga «se encuentran enmarcadas dentro de la función arbitral» del Consejo.
«Si lo que pretende el Real Madrid CF es someter a arbitraje el Reglamento para la Retransmisión Televisiva de LaLiga, el cual ya fue impugnado en el Procedimiento Ordinario 25/2021 del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 4 de Madrid, ello no cabe al ser una norma aprobada por el propio CSD», aclaró el organismo presidido por Javier Tebas.
