La Guarda Civil ha informado este jueves de la detención de 22 personas en Barcelona, Valencia y Alicante investigadas por presuntamente extorsionar a clientes de páginas web de servicios sexuales, a los que amenazaban con agredirles o publicar su actividad en la red si no pagaban.
Para evitar cualquier tipo de agresión o que esta información llegase a oídos de su entorno, los clientes llegaban a pagar cantidades de hasta 3.000 euros. Los investigados habrían llegado a recaudar hasta 200.000 euros a través de estas prácticas extorsivas.
La organización criminal, que tenía su epicentro en Badalona (Barcelona), estaba dirigida por cuatro miembros con altos conocimientos informáticos que actuaban como cabecillas y se dedicaban a captar clientes para posteriormente someterles a un chantaje realizado a través de mensajería instantánea.
Para administrar los beneficios obtenidos de las extorsiones, la organización contaba con miembros que actuaban como intermediarios logístico-económicos. Su labor era abrir cuentas bancarias, contratar líneas telefónicos y gestionar los traspasos monetarios entre los miembros de la organización.
También contaban con un grupo de personas encargadas de los teléfonos móviles –hasta 500 terminales localizados–, las tarjetas SIM y otros medios tecnológicos.
MÁS DE TRES MIL ANUNCIOS DETECTADOS
Hay hasta 20 víctimas identificadas en una operación que arrancó tras la denuncia de una de las víctimas, que manifestó que incluso después de haber pagado en varias ocasiones, continuaba recibiendo solicitudes de dinero bajo amenaza contra su integridad física.
No obstante, los dos registros llevados a cabo por la Guardia Civil en Barcelona, donde se han hallado numerosos discos de memoria u ordenadores portátiles, podrían ampliar el número de afectados.
Los investigadores descubrieron la existencia de miles de anuncios de la organización, detectando hasta 3.200 que ofrecían servicios sexuales. Incluso comprobaron que una misma mujer ofrecía el mismo día servicios sexuales en ciudades alejadas casi 500 kilómetros.
Bautizada como ‘Comminatio’, la operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarragona y la investigación judicial ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona.
