Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad castellonense de Almazora a un joven de 23 años como presunto autor de multitud de delitos de estafa, falsedad documental y usurpación del estado civil. Junto a él han sido detenidas otras dos personas que colaboraban en la recepción de productos obtenidos fraudulentamente.
A pesar de su juventud, desarrollaba una intensa actividad delictiva, diversificando los ‘modus operandi’ y obteniendo un extenso abanico de víctimas, lo que le reportó importantes beneficios económicos, un volumen superior a los 60.000 euros según los procedimientos conocidos hasta la fecha.
Utilizaba sofisticados medios técnicos y se rodeaba de una importante cobertura, lo que dificultó enormemente su identificación. Además, demostró una asombrosa capacidad para asumir e interpretar diferentes roles y perfiles, generando una red de más de 50 identidades de personas físicas previamente usurpadas, víctimas a su vez de estos hechos.
El detenido poseía una gran cantidad de datos personales de ciudadanos ajenos a los hechos, utilizándolos para la comisión de los delitos de estafa mediante su entrega en la apertura de cuentas bancarias, altas de líneas telefónicas, creación de direcciones de correos electrónicos corporativos y compra financiada de productos tecnológicos de última generación (móviles de alta gama), todo ello a nombre de esos ciudadanos usurpados, dejando a estas personas como deudores y/o autores de los delitos cometidos por el detenido.
Entre sus modalidades delictivas destaca la de actuar como agente comercial, usurpando la identidad de terceros y ofreciendo a las compañías comercializadoras energéticas supuestos contratos de alta de empresas, lo que le reportaba relevantes emolumentos en concepto de comisiones, causándole importantes perjuicios económicos a la empresa supuestamente contratada.
El detenido actuaba desde su domicilio, cometiendo fraudes en distintas provincias de España. Esta diversificación geográfica, así como la utilización de multitud de identidades usurpadas y documentos falsos dificultó enormemente su identificación.
La investigación incluyó la individualización de todas las acciones y procedimientos judiciales, civiles y penales dirigidos contra las personas cuya identidad fue usurpada, las cuales sufrían una segunda victimización en estos procedimientos y que, tras la actuación policial, se demostró que no eran responsables de los hechos.
ACCIONES EN MADRID Y CASTELLÓN
Las investigaciones se iniciaron en mayo 2021, a raíz de una denuncia interpuesta por el representante legal de una conocida mercantil tras haber detectado anomalías en productos contratados con empresas de suministro de energía. Tras las oportunas gestiones, se pudo determinar que personas desconocidas, haciéndose pasar por el administrador de la mercantil, había procedido en Madrid al cambio en las empresas suministradoras de energía con desconocimiento y sin consentimiento de aquella. Igualmente, también en Madrid, se tuvo conocimiento de que personas desconocidas, haciéndose pasar por comercial de una empresa energética y por un responsable de cada una de las empresas contratantes, habían cambiado los locales de comercializadora eléctrica, logrando cobrar una comisión por ello.
Finalmente, en Villarreal, en la provincia de Castellón, se registró una denuncia por usurpación de estado civil, con la que se abrieron dos cuentas bancarias. Posteriormente se daba cuenta de los movimientos bancarios, siendo en su mayoría por la compra y financiación de terminales telefónicos a nombre de terceras personas.
Las gestiones de investigación permitieron determinar que, aunque los terminales habían sido financiados a nombre de 20 personas diferentes, todos eran enviados a un mismo domicilio, situado en Castellón.
De los tres procedimientos conocidos, se calcula un volumen de defraudación superior a 60.000 euros, que incluiría tanto el importe defraudado a las compañías del sector energético como los perjuicios ocasionados en lo referente a los dispositivos móviles financiados a nombre de otras personas.
Se prevé la existencia de más procedimientos judiciales o denuncias, de los que se obtendrá información tras el análisis de los documentos de identidad y otros documentos que se encontraban en poder del detenido. Se intervino gran cantidad de datos de carácter personal de cientos de personas físicas, entre ellos, los de las personas cuya identidad fue utilizada para la comisión de las estafas judicializadas en Madrid y Villarreal.
