La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participará este lunes en la presentación del informe que ha elaborado la Comisión Asesora del salario mínimo interprofesional (SMI) para determinar la subida que debería experimentar esta renta mínima en 2023 a fin de alcanzar el compromiso de situarla en el 60% del salario medio al término de la legislatura.
Díaz asistirá a la presentación de este informe junto a la coordinadora de este grupo de expertos, Inmaculada Cebrián, profesora de Fundamentos del Análisis Económico del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).
Tras la presentación de este informe, el Ministerio de Trabajo convocará a los agentes sociales para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la subida del SMI para 2023.
Aunque no es preceptivo tal acuerdo, pues el Gobierno sólo está obligado a consultarles, Díaz tratará de buscar un acuerdo con sindicatos y empresarios, como hizo en anteriores ocasiones. Las últimas dos veces, cuando el SMI subió de 950 a 965 euros mensuales y de 965 a los actuales 1.000 euros, sólo consiguió el ‘sí’ de CCOO y UGT, ya que CEOE y Cepyme se descolgaron de ambos acuerdos.
El último acuerdo suscrito entre el Gobierno y los sindicatos, válido para 2022, fija el SMI en 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas. De cara a 2023 y tras un año marcado por altos niveles de inflación, CCOO y UGT están reclamando elevarlo, como mínimo, a unos 1.080 euros, lo que equivaldría a una subida relativa del 8%.
Los sindicatos quieren así proteger de la pérdida de poder adquisitivo a los casi dos millones de trabajadores que de forma directa están afectados por el SMI, especialmente mujeres, jóvenes e inmigrantes.
El grupo de expertos, como hizo en la anterior ocasión, establecerá una posible horquilla de subida del SMI tras sus valoraciones sobre el salario medio, pero CCOO y UGT ya han advertido de que no aceptarán subidas del 3%, que lleven a esta renta mínima a unos 1.030 euros. Su reivindicación es clara: el SMI debe subir en línea con lo que han subido las pensiones.
La negociación con los agentes sociales no se presenta fácil, pues en CEOE y Cepyme no están por la labor de apoyar una subida del SMI. De hecho, Cepyme advirtió la semana pasada que las subidas del SMI aprobadas por el Gobierno desde 2018 han causado la desaparición de un total de 217.500 empleos.
De hecho, la patronal de las pymes concretaba en un informe que el incremento del 35,9% que ha experimentado el SMI a partir de 2018, desde los 735,9 euros mensuales de entonces a los 1.000 euros actuales, ha generado la destrucción de 71.600 puestos de trabajo y evitado la creación de 145.900 empleos.
UGT, por su parte, le replicó con otro informe de la Universidad Autónoma de Madrid en el que se señala que desde 2018, cuando se inician las subidas del salario mínimo interprofesional, se han creado en España más de 1,3 millones de puestos de trabajo.
