La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha calificado de «grave hecho» que por primera vez en la historia del país, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), los «representantes del pueblo han visto parcialmente suspendida su actividad legislativa», si bien ha proclamado que la «democracia prevalecerá».
En este sentido, según ha señalado fuentes de su entorno a Europa Press, Díaz ha garantizado que la «democracia prevalecerá» y que tanto ella como el Gobierno van a seguir trabajando «del lado de la democracia, del Estado de Derecho y de las instituciones». De esta forma, deslizaba la postura tendente a acatar la decisión del alto tribunal.
«Lo vamos a hacer con diálogo, con serenidad y con política constructiva», han añadido las citadas fuentes para recalcar que esta situación es el «resultado de un proceso de deterioro» de las instituciones.
Una deriva generada por «la captura de intereses partidistas de la cúpula judicial y de la resistencia del PP a cumplir con la Constitución».
Fuentes de su entorno ya indicaban a lo largo del día que se desmarcan de la opción de desoír la resolución del TC, como habían apuntado desde Podemos y algunas voces del espacio confederal, y recalcan que se aceptará desde el Gobierno la decisión que adopte el alto tribunal, reservándose el derecho de recurrir en las instancias jurídicas europeas por parte de Unidas Podemos.
PODEMOS APUNTÓ LA OPCIÓN DE DESOÍR EL TC
Esta mañana la coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, defendió que si el Tribunal Constitucional actuaba de forma «antidemocrática» suspendía la tramitación de esta reforma, las Cortes Generales tienen argumentos jurídicos suficientes para no atender esa paralización.
En la misma línea se expresó posteriormente el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que en rueda de prensa ha explicado que si el TC «interviene de forma inaudita» la tramitación de leyes en la sede de la soberanía nacional, donde según la Constitución reside el mandato de elaborar leyes, «no habría motivos para acatar» tal orden. No obstante, ha recordado que su partido carece de representación en la Cámara Alta.
Otras voces del espacio confederal ajenas a la formación morada también indicaban su posición a favor de obviar desde el Senado el pronunciamiento del TC.
Mientras, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha denunciado que la «derecha política y judicial» consuma «un golpe sin precedentes a la democracia».
El presidente del grupo confederal, Jaume Asens, ha aseverado que la decisión del TC de impedir una «votación democrática en el Senado» hoy es un «error», pero «mañana será la vergüenza para toda Europa».
El secretario tercero de la Mesa del Congreso y coportavoz del partido morado, Javier Sánchez Serna, también ha proclamado en redes sociales que se «consuma el golpe contra el poder legislativo por parte de un tribunal caducado e ilegítimo». «Una parte del Estado jamás aceptó los resultados de las urnas del 10 de noviembre. Toca defender la soberanía popular».
Mientras, el secretario de Organización de IU, Ismael González, proclamaba en redes el artículo 66 de la Constitución, que fija que las Cortes generales representan al pueblo español y son «inviolables».
