La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha impulsado una carta a nivel ministerial, firmada por España y otros siete países europeos, reclamando a la Presidencia checa de la Unión Europea (UE) que la directiva sobre plataformas digitales sea «exigente y ambiciosa» con la defensa de los derechos de los trabajadores.
Según ha destacado este lunes el Ministerio de Trabajo, Díaz ha recabado los apoyos de Países Bajos, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Dinamarca, Portugal, Eslovenia y Malta en esta misiva.
El objetivo, explica el Ministerio en un comunicado, es lograr que la directiva recoja y afiance los derechos laborales y de protección social que corresponden a los trabajadores de las plataformas digitales, así como una gestión transparente de los algoritmos que definen sus condiciones laborales.
La vicepresidenta segunda, que valora positivamente la propuesta de directiva, ha señalado que hay que ser «lo más ambicioso posible» con esta directiva. «Seguimos negociando para recabar más apoyos dentro de la Unión. No podemos dejar que se debiliten los derechos de las personas trabajadoras en este nuevo marco laboral que abren las plataformas digitales», ha subrayado.
El propósito de esta directiva, que está destinada a aplicarse en todo tipo de plataformas digitales, es la correcta clasificación como trabajadores por cuenta ajena de aquellas personas que prestan sus servicios en las plataformas y poner fin a la figura de los «falsos autónomos».
Además, también se persigue garantizar la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión que se hace de los algoritmos. De este modo, se procurará que los trabajadores y sus representantes tengan derecho a ser informados sobre los algoritmos empleados en la configuración y organización de su trabajo, así como sobre la toma de decisiones automatizadas en las empresas.
La carta reclama asimismo reforzar el control por parte de las Inspecciones de Trabajo sobre las empresas del sector para garantizar el cumplimiento de la ley.
España impulsa esta propuesta tras haber puesto en marcha en mayo de 2021 la llamada Ley Rider, con la que se garantizan derechos laborales a las personas dedicadas al reparto en plataformas digitales.
La Comisión Europea aprobó el pasado 9 de diciembre una propuesta de directiva que se está debatiendo en el Grupo de Asuntos Sociales del Consejo Europeo y que en diciembre será analizará en el Consejo de ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO). Posteriormente se negociará con el Parlamento Europeo.
