Durante el año 2023, diez personas, nueve mujeres y un hombre, han recibido la prestación de ayuda para morir en Navarra tras recibir los respectivos informes favorables de la Comisión de Garantía y Evaluación. Las enfermedades neurológicas y oncológicas fueron las patologías de la mayor parte de las personas solicitantes. En total, se han registrado 24 solicitudes de la prestación de ayuda para morir, 14 de las cuales no llegaron a realizarse.
De las 14 prestaciones que no llegaron a llevarse a cabo en 2023, en nueve casos se debió al fallecimiento de la persona durante la tramitación, por empeoramiento o decisión propia de no llevarla a cabo. Cuatro solicitudes fueron denegadas al no resultar favorables por parte de la Comisión, mientras que una de las solicitudes fue revocada por el propio paciente tras su primera solicitud.
Estos datos mantienen la tendencia desde la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia (LORE), ya que, desde entonces, y hasta finales del 2022, se realizaron 15 prestaciones y se recibieron 22 solicitudes. Respecto a las edades de las personas que recibieron la prestación en 2023, seis tenían más de 70 años, el resto eran menores de 70, habiendo una persona en la franja de edad entre 51 y 60 años.
En cuanto a la duración del proceso, el tiempo medio de prestación desde la primera solicitud hasta la realización ha sido de alrededor de 40 días de media, acorde a los plazos que marca el procedimiento de la ley.
La totalidad de las prestaciones fueron llevadas a cabo por médicos de familia como responsables, junto a facultativos hospitalarios del ámbito de la patología del paciente como consultores. En un 60% de los casos, se realizaron en el lugar de residencia del paciente, mientras que el 40% restante se produjo en el medio hospitalario.
1.300 PROFESIONALES DEL SNS FORMADOS
La eutanasia es un derecho que recoge la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia (LORE) que se suma a otros derechos reconocidos en anteriores leyes, como los cuidados paliativos o la realización del documento de voluntades anticipadas.
Para atender a la ciudadanía en sus derechos, el departamento de Salud trabaja en la formación de sus profesionales. De este modo, a través del Observatorio de la Muerte Digna, impulsado por el Servicio de Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental, lleva a cabo un programa formativo para capacitar a profesionales en la atención del final de la vida. Este programa, que consta de dos niveles, básico e intermedio, recoge acciones formativas que se van incorporando a Plan docente del departamento de Salud de forma progresiva.
De este modo, los profesionales reciben formación correspondiente a tres bloques fundamentales: aspectos bioéticos y antropológicos sobre la construcción del morir; aspectos de comunicación y relación con las personas atendidas y de atención social; y derechos regulados, como cuidados paliativos, eutanasia, documento de voluntades anticipadas.
Desde la aprobación de la ley, se ha formado a unos 1.300 profesionales en materia de la LORE como nuevo procedimiento profesional, en sesiones organizadas en los propios centros sanitarios además de las acciones dentro del plan docente y unos 300 profesionales recibieron formación en el resto de materias descritas en el programa de atención al final de la vida.
Además, Salud ha organizado varias jornadas dirigidas a la ciudadanía sobre el derecho a realizar el documento de voluntades anticipadas.
ANÁLISIS DE LA NORMATIVA
Navarra es una de las primeras comunidades que contaron con una Ley de muerte digna, «reflejo de la importancia que siempre se le ha dado a la atención en esta etapa de la vida y a la gestión de la muerte como derecho ciudadano», ha indicado el Ejecutivo. En la actualidad, diez comunidades autónomas cuentan con leyes de muerte digna.
Dado que se trata de una ley del 2011, desde el Observatorio de la Muerte Digna del departamento de Salud ha iniciado un trabajo de análisis a través de grupos focales para detectar las fortalezas y debilidades de la ley, con el objetivo de introducir aquellos cambios que la propia sociedad y la normativa posterior ha visibilizado y regulado respectivamente. En el último trimestre del año, está prevista una fase participativa a través del portal de gobierno abierto, de la que se informará puntualmente.