La Junta de Fiscales de Sala se reúne este miércoles dividida por el enfrentamiento entre la ‘número dos’ de la Fiscalía –la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde– y la fiscal María de la O Silva sobre si hay que investigar a dos compañeros por supuesta revelación de secretos a raíz de un comunicado de prensa con datos de correos intercambiados con el abogado de Alberto G.A., pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes fiscales precisan a Europa Press que el desacuerdo parte de que Silva –que debe informar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid si está a favor o en contra de admitir la querella– quiere investigar las comunicaciones entre la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, el fiscal de delitos económicos Julián Salto y el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para conocer cómo se llegó a la decisión de publicar aquella nota de prensa; mientras que Sánchez Conde entiende que lo pertinente es archivar la querella, como ya se hizo con la que presentó el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por los mismos hechos.
Ante tal discrepancia, Silva invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), según el cual cuando un fiscal «recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente», se lo trasladará a su superior y, en caso de persistir la discrepancia, éste podrá convocar Junta de Fiscales de Sala.
Las fuentes consultadas apuntan que el fiscal general se ha abstenido del asunto porque tiene conocimiento de los hechos que estudiarán, por lo no estará presente en la reunión de este miércoles, que tendrá lugar a las 9.00 horas. Tampoco asistirá el fiscal José Luis Bueren, que se ha jubilado.
Así las cosas, serán 36 en la mesa, de los que 16 son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación cercana al fiscal general, incluidas la propia Sánchez Conde y dos exjefas del Ministerio Público, Dolores Delgado y María José Segarra. Otros 9 pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF), incluidos dos de los fiscales del ‘procés’, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Y los 11 restantes no están afiliados a ninguna asociación, como el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón o su antecesor Manuel Moix.
Según las fuentes consultas, los fiscales de la AF –que son minoría– mantendrán el apoyo a Silva, mientras que se prevé que los cercanos a la UPF respalden a Sánchez Conde. La clave, apuntan dichas fuentes, estará en las posturas que adopten los otros 11. Silva, que se opone a archivar la querella, necesitaría convencer a 8 de ellos para hacerse con la mayoría.
Con todo, dichas fuentes recuerdan que la junta –que se celebra a puerta cerrada– tiene carácter consultivo y que, una vez escuchada, Sánchez Conde podrá ratificarse en su decisión de archivar o corregirla sin obligación de apegarse al criterio de la mayoría.
SÁNCHEZ CONDE, A FAVOR DEL ARCHIVO
Fuentes fiscales señalan que la ‘número dos’ del Ministerio Público defenderá este miércoles que se debe archivar la querella que presentó la pareja de Díaz Ayuso contra los fiscales del caso por presunta revelación de secretos, no solo porque considera que no hay indicios de delito, sino porque la Fiscalía ya se pronunció en este sentido el pasado 9 de abril sobre la querella del ICAM por los mismos hechos, por lo que aboga por mantener la unidad de criterio.
Cabe recordar que la Fiscalía de Madrid, al mostrarse en contra de la admisión de que la querella del ICAM, defendió la «legitimidad constitucional» del comunicado de prensa difundido y aseguró que, sobre la base de datos ya difundidos, trató de hacer frente a informaciones «inveraces».
Sánchez Conde ya trasladó estos argumentos –de forma verbal– a Silva, que proponía que se practicasen diligencias de investigación dentro de la misma Fiscalía antes de emitir informe al TSJ de Madrid, donde ha recaído la querella toda vez que los fiscales gozan de la condición de aforados.
EL COMUNICADO DE PRENSA
El pasado 15 de abril, el fiscal general del Estado asumió la «responsabilidad última» de la nota de prensa difundida el 14 de marzo a la que hace referencia la querella de la pareja de Díaz Ayuso.
García Ortiz aseguró que no iba a «consentir» que la fiscal jefa de Madrid y el fiscal a cargo del procedimiento fuesen «perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva».
«No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución», señaló en una declaración institucional, en la que insistió en que no podía considerarse «infringido el deber de reserva» porque el objeto de la comunicación era «de dominio público fruto de indeseables filtraciones».
