Según la Ley de Protección Integral de Denunciantes de Irregularidades, cualquier empresa u organización que cuente con más de 50 empleados está en la obligación de tener implantado un canal de denuncias.
Por esta razón, la empresa HRLOG busca convertirse en un aliado confiable para las organizaciones que buscan cumplir esta normativa, mediante un canal confidencial para presentar inquietudes. El plazo para implementar el canal de denuncias finaliza el 1 de diciembre de 2023, momento desde el que se corre el riesgo de sufrir penalizaciones económicas.
En qué consiste un canal de denuncias y por qué es importante tener uno propio
Un canal de denuncias consiste en una estructura o sistema que establece una organización para facilitar y gestionar la recepción, el seguimiento y la resolución de reportes internos. Esto incluye avisos sobre conductas inapropiadas, irregularidades dentro de la empresa, violaciones de políticas o prácticas poco éticas realizadas dentro del espacio de trabajo.
Independientemente de su tamaño, la normativa establece que todas las empresas deben aplicar medidas para proteger a quienes realizan una denuncia, debido a que esto promueve una cultura ética y transparente. Una de las características del canal de denuncias desarrollado por HRLOG es que está diseñado para asegurar la confidencialidad del denunciante mientras acompaña a la empresa durante la tramitación e investigación de denuncias, ayudando con el cumplimiento de plazos y otros requerimientos normativos.
De esa manera, las organizaciones pueden solucionar problemas internos antes de que se conviertan en situaciones graves, evitando posibles sanciones y daños en su reputación. Por esta razón, los expertos en recursos humanos señalan que un canal de denuncias representa un paso crucial para la construcción de un ambiente seguro para los empleados.
Las empresas sin un canal de denuncias acorde a la normativa pueden enfrentar penalizaciones económicas
Según la ley, las empresas que no cuentan con un canal de denuncias acorde a la normativa pueden acarrear penalizaciones económicas de hasta 1.000.000 €, además de limitaciones en el momento de obtener subvenciones. Las sanciones monetarias varían según la gravedad y la reincidencia de la infracción, que pueden catalogarse como leves, graves y muy graves.
Para las personas físicas, la normativa establece una penalización de hasta 10.000 € para infracciones leves, entre 10.001 € y 60.000 € para infracciones graves y de 60.001 € hasta 300.000 € para muy graves. Por su parte, las infracciones leves para personas jurídicas van hasta los 100.000 €, hasta los 600.000 € para infracciones graves y hasta 1.000.000 € para las infracciones consideradas como muy graves.
En vista de la importancia que tiene la implementación de un canal de denuncias en las empresas y organizaciones con más de 50 empleados, la plataforma HRLOG resulta una alternativa recomendada. De esa manera, los denunciantes pueden presentar sus inquietudes, garantizando su protección y confidencialidad en todo momento.
