La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han acordado que no acudirán a las reuniones que convoque el Ministerio de Justicia mientras se mantenga la Proposición de Ley presentada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos y que busca reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En un escueto comunicado conjunto, ambas asociaciones indican que en cumplimiento de uno de sus principales fines «que es defender la independencia judicial» han decidido «no acudir a las reuniones convocadas ni a las reuniones que ulteriormente se organicen por el Ministerio de Justicia para los próximos días».
Advierten de que no se puede hablar de planes de choque o proyectos de reforma «con quien justifica, promueve y apoya un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ataca de plano a la independencia judicial» y ubica a España «fuera de los valores y estándares europeos de separación de poderes».
De esta manera, ambas asociaciones –la APM es la mayoritaria en la carrera judicial– ya adelantan no acudirán a las reuniones convocadas por el ministerio y que se celebrarían por videoconferencia con el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, los días 19, 20 y 27 de octubre.
EL PLAN DE CHOQUE POSTCOVID
Tras una reunión mantenida la semana pasada, se les había emplazado a nuevos encuentros. En concreto el lunes 19 se abordarán los planes de choque postcovid en el orden social y mercantil, se propondrán modificaciones al plan actual y se introducirán mejoras de cara a la segunda fase que arranca en enero de 2021.
En cuanto a la del 20 de octubre, las asociaciones de jueces y fiscales se iban a reunir con el ministerio para anticipar el contenido de la Ley de Agilización; y el martes 27 de octubre se celebraría una reunión del grupo de trabajo sobre la Ley de Discapacidad. Pero ahora, ante la negativa de estas dos asociaciones a mantener reuniones con el departamento de Juan Carlos Campo, esas reuniones quedan en el aire.
La reforma ‘exprés’ para modificar la ley actual de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se plantea con la proposición de ley anunciada este pasado martes por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, ha sido recibida con críticas tanto en el seno del órgano de gobierno de los jueces como en la mayoría de las asociaciones -que lo califican de «inconstitucional»- a excepción de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) que lo ven como alternativa al bloqueo actual.
«GESTO VACÍO DE CONTENIDO»
La asociación Foro Judicial Independiente considera que no acudir a los siguientes encuentros con Justicia como medida de protesta a la reforma del CGPJ es un «gesto vacío de contenido que únicamente afectaría a los ciudadanos destinatarios de los proyectos ministeriales».
Según explica la asociación en un comunicado, el objetivo de la colaboración con el Ministerio para la tramitación de los planes de choque y de agilización procesal es «dar una respuesta satisfactoria a los ciudadanos afectados por la pandemia y la crisis económica». «Es el bien común de los ciudadanos el que nos anima a hacerlo, aparcando nuestras diferencias con el Ministerio de Justicia», añade.
Para FJI, el «único gesto que está a la altura del desafío» de la reforma presentada por el Gobierno es que las otras asociaciones judiciales (AJFV, APM y Juezas y Jueces para la Democracia) es proponer la retirada de candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial. «Los ciudadanos y la mayoría de los jueces no pueden entender que, cambiándose las reglas del juego sobre la marcha, haya jueces y asociaciones judiciales que se sigan prestando al control político de la justicia», destaca el comunicado.
En este sentido, pide seguir el «ejemplo» del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que renunció en noviembre de 2018 -antes de que caducara el mandato del órgano de gobierno de los jueces, que se encuentra en funciones desde diciembre de ese año– a presidir el Poder Judicial, desmarcándose del acuerdo político alcanzado entonces por el PSOE y PP y remarcando su independencia judicial.
Asimismo, FJI añade que todo lo acontecido en el transcurso de dos años, como el mensaje del exsenador ‘popular’ Ignacio Cosidó en el que celebraba las ventajas que supondría tener a Marchena al frente de la institución, «revelando el reparto del poder judicial por cuotas»; o las «presiones para que el Consejo no cumpla con su cometido», no han supuesto otra cosa que «ratificar la oportunidad y subrayar la importancia moral de aquel gesto». «Creemos firmemente que los jueces deben renunciar a participar en el reparto político del poder judicial», concluye el comunicado.
