Dos consejeros de Vox en Extremadura y Castilla y León se han rebelado este viernes contra la decisión de la Ejecutiva de su partido de dejar los gobiernos de coalición con el PP en cinco autonomías y continuarán con sus responsabilidades en esos gobiernos.
Se trata del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, y del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja. Por el momento, son los dos únicos cargos autonómicos de Vox que se han negado a acatar la orden de Bambú, tomada tras el visto bueno del PP al reparto de menores migrantes no acompañados por las regiones para aliviar la carga de Canarias.
La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha informado durante esta jornada de que Higuero continuará en su puesto después de que este le haya «transmitido su firme voluntad de seguir sirviendo a los extremeños al frente de la consejería». A su juicio, el consejero ha dado «un paso valiente y comprometido».
Además, el Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura ha pedido a Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, que dimita como senador por designación autonómica de la Asamblea y entregue su acta en la Cámara Alta al PP, alegando que el asiento es suyo y se le cedió.
Mientras, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha decidido mantener en su Ejecutivo a Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, porque tiene su «confianza personal». Mañueco ha cesado a los otros dos consejeros que designó Vox en la región: Mario Veganzones y Gerardo Dueñas. Este último posteriormente ha dejado sus cargos orgánicos y ha abandonado el partido.
Antes de conocerse a la posición adoptada por los dos mencionados consejeros, Abascal se había referido a la posibilidad de que algunos cargos decidieran no abandonar sus puestos o se pasasen al PP.
El líder de Voz aseguró que «comprende humana y políticamente» que haya personas que quieran quedarse porque «han tenido que dejar sus trabajos para muy poco tiempo», pero advirtió que serían expulsados del partido. «Si esas personas se quedan, no serán de Vox», ha zanjado.
LA SITUACIÓN EN LAS OTRAS CCAA
Por su parte, en la Comunidad Valenciana, han presentado su dimisión el vicepresidente, Vicente Barrera, y los otros dos consejeros valencianos, Elisa Núñez y José Luis Aguirre, han sido cesados. El PP ha pedido la salida de la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, que accedió al cargo en virtud del acuerdo suscrito entre los ‘populares’ y Vox.
En Murcia, el hasta ahora vicepresidente de Vox, José Ángel Antelo, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, también han presentado su dimisión al presidente del Ejecutivo de la región, Fernando López Miras. En rueda de prensa, Antelo ha sugerido un adelanto electoral, alegando que el PP queda en minoría y «lo más razonable es que Murcia elija qué modelo quiere».
En el caso de Aragón, el vicepresidente Alejandro Nolasco y el consejero de Agricultura, Ángel Samper, también han presentado su renuncia, tras lo que el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha remodelado su Gobierno. Vox también ostenta la Presidencia del Parlamento gracias al acuerdo suscrito con los ‘populares’, pero la continuidad de Marta Fernández al frente de las Cortes depende de Vox.
El líder de Vox, Santiago Abascal, también anunció el jueves la retirada del apoyo parlamentario al Gobierno en minoría del PP en Baleares. Por el acuerdo para la investidura de Marga Prohens, Vox logró la Presidencia del Parlament balear, que ostenta Gabriel Le Senne.
Durante la jornada, Prohens ha dado por hecho que Le Senne, una figura polémica tras el episodio de las fotos de víctimas de la Guerra Civil, no continuará como presidente del Parlament y ha afirmado que «no se entendería otra cosa».
La formación de Santiago Abascal ya había desligado la ruptura de los pactos suscritos en las autonomías de los gobiernos en coalición con los ‘populares’ en los ayuntamientos, pero esta mañana el propio líder ha advertido de que también abandonarán estos gobiernos si los consistorios «colaboran activamente» en el reparto de menores migrantes no acompañados.
