Dos policías nacionales que tuvieron que jubilarse de forma prematura por las lesiones sufridas durante las protestas que tuvieron lugar el 18 de octubre de 2019 en Barcelona tras la condena a los líderes del ‘procés’ han presentado una denuncia en la Audiencia Nacional (AN) donde piden que reactive la investigación contra ‘Tsunami Democrátic’ por terrorismo.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, explica que los dos uniformados, «se ven en la obligación de emprender acciones legales para que se depuren las responsabilidades pertinentes frente a quienes organizaron, financiaron, planificaron y ejecutaron los actos violentos sufridos por los funcionarios del Estado en fecha 18 de octubre de 2019, pues, según su experiencia profesional, pudieron ser constitutivos de actos terroristas al estilo ‘kale borroka'».
Frente a ello, sostienen que lo «único» que hicieron fue cumplir las órdenes de sus superiores «con el objetivo último de proporcionar seguridad a los civiles y a las instituciones más elementales del país, haciendo respetar la legislación vigente y la Constitución».
«Por ello, debemos defender la integridad del trabajo realizado por nuestros compañeros y hacer valer la memoria de aquellos que también sufrieron lesiones en los graves actos que se produjeron como consecuencia de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de octubre de 2019», dicen.
Los agentes no dudan en afirmar que «se produjeron ataques terroristas por parte de sectores radicales y violentos» mediante movilizaciones que estaban «planeadas premeditadamente para atentar contra las principales estructuras del sistema económico y de transporte español, con la intención de desestabilizar la economía y aislar al país del continente europeo».
En concreto, señalan que «la plataforma organizadora de todos estos actos radicales, violentos, organizados y terroristas es ‘Tsunami Democratic'», recordando que en su día la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitió informes identificando a los líderes de la plataforma independentista «detrás de los actos violentos y terroristas».
«DESAMPARO TOTAL»
Uno de ellos estuvo en el operativo encargado de proteger la Jefatura Superior de Policía en la Via Laietana de Barcelona, donde relata que se lanzaron «objetos contundentes», como botellas de cristal y latas de cerveza llenas, tornillería pesada, rodamientos metálicos, adoquines y piedras.
«Sorprendió a nuestra unidad la organización que había entre los grupos radicales, pues se dividían en células de trabajo que se comunicaban entre ellas, se hacían señales para atacar o defender, tenían un material avanzado para ello, incluso explosivo. Cuando un grupo se quedaba sin provisiones aparecía otro y le dotaba del material necesario», cuenta.
Según la denuncia, «con el paso de las horas la violencia era cada vez mayor». Finalmente le alcanzó una botella rota que le dio en la mano y se cayó sintiendo un «fortísimo dolor» en el brazo. Un segundo impacto hizo que cayera desplomado al suelo quedando inconsciente.
El otro agente estaba en los alrededores del aeropuerto de El Prat, donde «había grupos radicales violentos que trataban de asediar el edificio y los alrededores atacando a los compañeros mediante el lanzamiento continuado de objetos con capacidad lesiva y barricadas».
El agente describe «una masa de personas en actitud muy violenta», «una masa perfectamente estructurada al estilo ‘kale borroka'» que lanzó petardos, piedras y adoquines. En su caso, también recibió impactos en cara y brazo.
Un tribunal médico determinó que por dichas lesiones ambos estaban incapacitados para seguir ejerciendo la profesión, por lo que se acordó su jubilación prematura, «con la reducción de sueldo que ello conlleva y sin indemnización alguna por los daños sufridos en acto de servicios». El agente destacado en El Prat asegura que quedó en «situación de desamparo total».
El Juzgado Central de Instrucción Número 6, entonces a cargo de Manuel García Castellón, investigó los disturbios desatados por ‘Tsunami Democrátic’ como terrorismo y envió al Tribunal Supremo la parte relativa al ex presidente catalán Carles Puigdemont, como líder en la sombra de la plataforma independentista. Sin embargo, todo quedó archivado por prorrogar las pesquisas fuera de plazo.
