Dos agentes de la Policía Nacional que sufrieron heridas de gravedad en los incidentes ocurridos el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona, tras conocerse la sentencia del procés, han pedido personarse ante el Tribunal Supremo por las «lesiones derivadas de los actos de terrorismo» que atribuyen a Tsunami Democràtic.
En un escrito a la Sala Segunda del alto tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de los agentes –que ejerce el despacho Fuster-Fabra– solicita que se le tenga por personado como acusación particular. Cabe recordar que, sin embargo, el Supremo todavía no ha decidido si asume la investigación sobre la plataforma independentista o si la deja en manos de la Audiencia Nacional.
Fue el pasado mes de noviembre cuando el juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar ‘Tsunami Democràtic’, Manuel García Castellón, remitió una exposición razonada de más de 100 páginas pidiendo al alto tribunal investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont, el diputado del Parlament Rubén Wagensberg y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otras personas.
A la espera de la decisión del Supremo, cabe recordar que este martes la mayoría de la junta de fiscales de la sección primera de lo penal del Tribunal Supremo decidió tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo al considerar que se debe investigar a Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democràtic. Sin embargo, la postura aún no es definitiva.
La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, será la encargada de fijar la posición definitiva de la Fiscalía del Supremo en un último informe. Fuentes consultadas señalan que lo previsible es que se decante por la postura mantenida hasta ahora por los dos fiscales que han estudiado el caso.
Una vez emita el informe definitivo, se elevará a la Sala de lo Penal del Supremo, donde el magistrado Juan Ramón Berdugo será el encargado de estudiar el asunto para después argumentar ante los demás magistrados si procede o no dar curso a la exposición razonada firmada por García Castellón.
PERSONADOS EN LA AUDIENCIA NACIONAL
En el escrito por el que solicitaron personarse en la Audiencia Nacional, la representación de los dos agentes explicaba que el 18 de octubre de 2019, y tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes del ‘procés’ independentista catalán, se produjeron diferentes disturbios «protagonizados por sectores radicales violentos» que tuvieron como objetivo de sus ataques, entre otros, las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de la Vía Laietana.
El mismo detallaba que esas dependencias eran custodiadas por efectivos de las Unidades de Intervención Policial y recordaba que el 18 de octubre, en el marco de las protestas, los dos agentes se encontraban dando protección a esa comisaría.
Tras horas de «hostilidades», explicaba el despacho Fuster-Fabra Abogados, llegó «un grupo de personas encapuchadas y embozadas» que «usando técnicas de combate similares al terrorismo callejero practicado en comunidades autónomas como el País Vasco, comenzaron a lanzar (…) todo tipo de objetos contundentes con una indudable capacidad lesiva, incluyendo botellas y latas en cuyo interior había líquido corrosivo».
Fue en ese contexto cuando uno de los dos policías fue «alcanzado en su mano derecha por el impacto de una botella rota», lo que le hizo caer al suelo y notar «un fuerte dolor fruto de esa lesión».
KALE BORROKA
Ese mismo día, pero horas más tarde, sobre las 20.00 horas, ese mismo agente se encontraba en la Plaza de Urquinaona junto a otros compañeros parapetados «ante la imposibilidad de avance por la intensidad de los ataques, de estilo terrorismo urbano o Kale Borroka, que estaban sufriendo con adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje».
Fue ahí cuando recibió «un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo».
El segundo de los agentes que se personó también estaba en esa plaza y recibió «un fuerte impacto en su mano» que le provocó «una grave fractura abierta en el radio de su brazo derecho con desplazamiento, y que, tras varias intervenciones quirúrgicas, y como consecuencia de la gravedad de la lesión, al no reunir las condiciones físicas necesarias para seguir ejerciendo como policía», provocó que fuera jubilado a la edad de 45 años.
